Un mando policial que intervino las conversaciones de imputados en el caso Gürtel y sus abogados en prisión por orden de Baltasar Garzón ha asegurado este miércoles que el magistrado requirió que el derecho de defensa fuera la "cláusula" por la que debían guiarse en las intervenciones.

Así lo ha explicado en el Tribunal Supremo el jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante la segunda sesión del juicio a Garzón, que se enfrenta a una pena de hasta 17 años de inhabilitación por ordenar interceptar las conversaciones mantenidas en la cárcel de Soto del Real (Madrid) entre imputados de la trama y sus letrados.

Ha explicado que, para llevar a cabo esta tarea, la dinámica de trabajo consistía en excluir de las escuchas las que entendían que estaban "dentro del círculo privado de las personas", por lo que se aportaban solo aquellas relacionadas con el hecho investigado.

Un criterio que, ha subrayado, a veces es "difícil poder llevarlo a la práctica", porque en comunicaciones largas suelen cruzarse los temas, por lo que deben "mantener pequeños giros" que, aunque ajenos a la investigación, son necesarios para dar sentido lógico a la transcripción.

Preguntado por el abogado José Antonio Choclán -representante del presunto cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa- si en su mandamiento Garzón requirió intervenir de la misma manera las conversaciones genéricas que aquellas en las que participaban letrados, el inspector de la UDEF ha respondido que "el sistema de escucha es el que es" y que él transcribe "lo que se escucha".

Sin embargo, ha recalcado que el magistrado decretó salvaguardar el derecho de defensa en la resolución en la que ordenaba interceptar las conversaciones. "Era la cláusula por la que nos teníamos que guiar en las intervenciones", ha insistido el agente, propuesto como testigo tanto por las acusaciones como por la defensa de Garzón, y que ha puntualizado que en un primer momento tuvieron que preguntar al juez para que aclarara como hacerlo.

De esta forma, y gracias a la "fluidez de relación y comunicación" que existía con el magistrado, Garzón les precisó que él "asumía el rol a la hora de valorar lo que pudiera o no afectar" al derecho de defensa. Al constatar la Policía que la actividad de la organización delictiva continuaba, ahora encaminada a la ocultación de su patrimonio, los agentes transmitieron verbalmente a Garzón la conveniencia de mantener intervenidas las conversaciones de Correa y de Pablo Crespo, ya detenidos.

Y, en esa actividad, ha proseguido, "los abogados tenían esa capacidad de control, de dirección de estrategias" porque "eran los receptores de las instrucciones" de los internos. El policía ha explicado que en las investigaciones sobre blanqueo la prioridad es "la intervención de bienes", por lo que trasladaron al juez la necesidad de "trazar alguna estrategia" para evitar que el patrimonio de los imputados se pusiera a nombre de terceros y, por tanto, fuera del alcance de la Justicia.

El abogado Ignacio Peláez, autor de la querella contra Garzón, ha admitido este miércoles que no comunicó al juez que iba a entrevistarse en la cárcel con los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, pese a que el reglamento penitenciario así lo requiere.

A preguntas del abogado de Garzón, y en su declaración como testigo, Peláez -que representa al constructor José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel- tampoco ha podido acreditar la existencia del volante expedido por el Colegio de Abogados que certificaría que había sido "expresamente llamado" por esos internos para entrevistarse con ellos en prisión.

Tras reconocer que "documentalmente" no ha podido demostrar que Correa o Crespo le llamaran, Peláez ha añadido, sobre las visitas que hizo a la cárcel de Soto del Real el 25 de febrero y el 6 de marzo de 2009: "Lo que sí puedo decir es que el funcionario me ve entrar en el locutorio, que Crespo no puso inconveniente y que los funcionarios no me dijeron nada. Entiendo que estaba autorizado".

El reglamento penitenciario establece que los letrados que acuden a prisión presenten "un volante de su respectivo Colegio, en el que conste expresamente su condición de defensor" del interno, requisito exigido también cuando, sin representar a este, sean "expresamente llamados" por el recluso.

En este último supuesto, que es en el que Peláez enmarca su visita, el reglamento exige también que el abogado presente "autorización de la autoridad judicial correspondiente (en este caso, Garzón) si el interno fuera un preventivo", como lo eran Crespo y Correa.

El abogado de Garzón, Francisco Baena, ha señalado además que las conversaciones intervenidas en las que Peláez basó su querella, conocidas después de que se levantara el secreto del sumario, estaban ya expurgadas.

Por su parte, el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado este martes que "los jueces no deben ser nunca objeto de contaminación política", al ser preguntado por el juicio al magistrado Baltasar Garzón.

En una entrevista en Onda Cero, Ruiz-Gallardón ha señalado que la opinión pública "nunca debe afectar a un juez a la hora de dictar sentencia" y que "los jueces lo saben perfectamente".

Se ha mostrado convencido de que la resolución que dicte el Tribunal Supremo sobre Garzón será ajustada a derecho y motivada "única y exclusivamente" por los hechos probados y, en modo alguno, por ningún tipo de opinión.

No obstante, ha indicado que lo último que debería de hacer un representante del Gobierno y menos el ministro de Justicia es emitir una opinión sobre un asunto que está siendo juzgado por los tribunales de justicia.

"Todos somos iguales ante la ley", ha indicado Ruiz-Gallardón, quien ha resaltado que en un Estado de Derecho a quien corresponde juzgar las conductas que puedan ser contrarias a la ley son "única y exclusivamente" los jueces.