La primera manifestación de 2012 contra el Gobierno de Esperanza Aguirre será también la primera gran protesta del conjunto de los funcionarios de la Comunidad de Madrid contra los ajustes que pretende realizar el Gobierno regional en los servicios públicos.

CC OO, UGT y CSIT-UP han convocado para el 7 de febrero a toda la función pública a una manifestación que recorrerá el centro de Madrid para rechazar la decisión unilateral del Ejecutivo regional de aumentar la jornada semanal de trabajo de los funcionarios.

Un incremento que supondrá, según los sindicatos, la pérdida (o amortización, es decir, la no cobertura) de al menos 7.000 empleos en Sanidad, Educación, Servicios Sociales o personal administrativo.

El pasado 27 de diciembre, en plenas Navidades, la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid permitió al Gobierno aprobar los presupuestos para 2012 y, con ellos, la conocida como 'ley de acompañamiento'.

En la misma, el PP introdujo dos enmiendas. La primera, la que proponía que la jornada laboral de los funcionarios sea como mínimo de 37,5 horas semanales (2,5 más que en la actualidad). El Ejecutivo ya impuso a principio de curso este cambio al colectivo de profesores desatando con ello las protestas conocidas como la 'marea verde'.

La segunda modificación es la que hará que la Comunidad deje de complementar el sueldo de los funcionarios regionales cuando estos estén de baja entre 4 y 15 días, excepto cuando la incapacidad sea a causa de un accidente de trabajo o por enfermedad profesional catalogada.

Hasta ahora, cuando un trabajador permanecía de baja más de 3 días y menos de 15, la Seguridad Social costeaba el 60% de su sueldo y la Comunidad se hacía cargo del otro 40%. Desde el 1 de enero, salvo excepciones, solo le será abonada la primera parte. La Comunidad pretende luchar así contra el "absentismo laboral" de los funcionarios.

Aunque están de acuerdo en luchar contra el fraude en las bajas médicas, los sindicatos niegan que este sea generalizado y creen que recortar las bajas es la excusa de la Comunidad para obligar a sus trabajadores a no faltar a sus puestos de trabajo.

El aumento de horas de trabajo, denuncian, tiene otra consecuencia directa. Trabajando 2,5 horas más a la semana, el Gobierno de Esperanza Aguirre se ahorrará 82,7 millones de euros. El ahorro saldrá de los trabajadores eventuales que dejarán de contratarse, ya que los casi 170.000 empleados públicos cubrirán 12 millones de horas más al año.

En el caso de los profesores, el único antecedente, la consejera de Educación, Lucía Figar, confesó que este curso contrataría a 1.000 interinos menos gracias a la prolongación de la jornada laboral de sus compañeros. El curso anterior fueron contratados 1.700 docentes.

Según confirmó a Europa Press el secretario general de la Federación de Servicios Públicos, Santiago Tamame, los sindicatos llevarán a cabo concentraciones y asambleas de trabajadores todos los jueves en los centros de trabajo de la Comunidad de Madrid.