A partir del próximo 1 de enero, la Comunidad de Madrid dejará de complementar el sueldo de todos los funcionarios regionales cuando estos estén de baja entre 4 y 15 días, excepto cuando la incapacidad temporal sea a causa de un accidente de trabajo o por enfermedad profesional catalogada.

Además, los trabajadores públicos tendrán un día menos de libre disposición (moscosos) al año, que pasarán de siete al año a seis.

Estas medidas, que entrarán en vigor el primer día de 2012, forman parte de un plan para reducir el absentismo y aumentar la productividad de los funcionarios que la Comunidad de Madrid quiere poner en marcha con el objetivo de ahorrar costes y mejorar su funcionamiento.

Su aprobación se producirá el próximo 27 de diciembre, después de que el Grupo Popular de la Asamblea de Madrid haya introducido la correspondiente enmienda en la 'ley de acompañamiento', oficialmente, Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que se aprueba conjuntamente con los presupuestos regionales.

El PP viene utilizando esta 'ley escoba' para sacar adelante cuestiones que no quiere que pasen por el trámite y el debate parlamentario.

Con la enmienda introducida por el PP, y que la formación aprobará sin oposición gracias a su mayoría absoluta en la cámara, los funcionarios tendrán que mirar con lupa los días que permanecen de baja para que ello no les suponga una reducción de hasta un 40% de su nómina por día trabajado.

Hasta ahora, cuando un trabajador está de baja más de 3 días y menos de 15, la Seguridad Social costea el 60% de su sueldo, y la Comunidad se hace cargo del otro 40%. A partir de ahora, salvo accidente en el trabajo o enfermedad relacionada con el mismo, solo le será abonada la primera.

Las modificaciones legales que afectan a los trabajadores públicos no se quedarán ahí. El PP ha presentado otra enmienda en la que propone que la jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios no sea inferior a las 37,5 horas a la semana -frente a las 35 horas actuales-.

"Esta media semanal se entenderá sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan, que experimentarán las adaptaciones necesarias para adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria", afirma la enmienda, según recogió la agencia EFE.

Los profesores de Secundaria y FP, que ha sido el colectivo más combativo con el Gobierno de Esperanza Aguirre de este 2011, también se acogerán a la jornada semanal de 37 horas y 30 minutos, de las cuales 30 horas serán de obligada permanencia en el centro. De estas últimas 30 horas, un mínimo de 25 se computarán como horario regular de los profesores, el cual comprenderá una parte lectiva y otra de carácter complementario.

La parte lectiva, según la enmienda del PP, podrá llegar hasta las 21 horas; el resto, hasta complementar las 25 horas, se dedicará a actividades complementarias. Y las horas restantes hasta completar las 30 horas, le serán computadas a cada profesor como horario no fijo o irregular.

Será la Consejería de Educación y Empleo quien dicte las instrucciones necesarias para adecuar los horarios vigentes en los centros en los que se aplique esta medida, "previa negociación en el seno de la Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario".

Por otro lado, la enmienda del PP también se refiere a los días de asuntos propios que cada trabajador puede disfrutar durante el año, que quedará fijado en seis como máximo -incrementados en dos a partir del sexto trienio y uno más por cada trienio a partir del octavo-.

En el caso del personal de la Administración de Justicia, y por aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, los días por asuntos propios serán nueve al año.

Además, en aquellos supuestos en que en las normas convencionales se establezcan periodos adicionales de vacaciones respecto a las ordinarias de carácter anual, el número de días que conformen los mismos no podrán exceder de seis, sin perjuicio de lo que al respecto se establezca para el personal docente no universitario.

Eliminará la licencia para vender alcohol

Cualquier establecimiento que venda comida y bebida podrá vender alcohol. Esta es otra de las medidas que aparecen en la conocida como Ley de Acompañamiento. Íñigo Henríquez de Luna, portavoz popular en la Cámara, ha explicado que entre las medidas registradas se encuentra la eliminación de algunas restricciones a la venta de bebidas alcohólicas en gasolineras, y la supresión de la licencia para la venta de alcohol en los locales comerciales.