La orden de detención acusaba a Alvarez de un delito de torturas, siete de asesinato y otro de asesinato en grado de tentativa y se dirigió a las autoridades de México a través de la Procuraduría General de la República, ya que en esas fechas el tribunal tenía indicios de que se encontraba residiendo en ese país.
Veinte días después, las autoridades mexicanas comunicaron a la Audiencia Nacional que no habían podido encontrar a Alvarez, a pesar de haber registrado su domicilio en el municipio de Tlalnepantla en las cercanías del Distrito Federal, en busca de pruebas que permitieran su localización y detención para extraditarlo a España.
Alerta migratoria
También se le buscó en otra vivienda que el ex ministro guatemalteco posee en el estado de San Luis Potosí, en el centro de México, y se decretó una "alerta migratoria" para impedir que pudiera cruzar la frontera y ocultarse en otros países, pero ninguna de estas gestiones dieron resultado.
El ex ministro de Gobernación era uno de los siete imputados a los que el juez Pedraz tenía previsto interrogar próximamente en Guatemala, adonde viajará el próximo 24 de junio junto al fiscal del caso, Juan Antonio García Jabaloy, y los representantes de las acusaciones particulares personadas en la causa.
El magistrado permanecerá en Guatemala al menos hasta el 4 de julio y tomará declaración, entre otros, al ex general golpista Efraín Ríos Montt, que gobernó el país entre 1982 y 1983.
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