La comisión de historiadores y juristas impulsada por el Gobierno para estudiar el futuro del Valle de los Caídos plantea en sus conclusiones preliminares la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco y su entierro junto a la tumba de su mujer en el madrileño cementerio de El Pardo.
Según informa este lunes El Periódico, esta propuesta figura en un informe de una de las subcomisiones de la comisión de expertos y aún no tiene el rango de conclusión definitiva, ya que debe ser analizada en el seno de la comisión central.
Plantean volver a enterrarlo junto a su mujer en El Pardo Esta comisión, que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado mes de mayo, está compuesta por trece miembros y su cometido es elaborar un informe sobre las actuaciones en el Valle de los Caídos, en el que yacen los restos registrados de 33.833 personas, víctimas de uno y otro bando de la Guerra Civil.
La exhumación de los restos de Franco tendría el objetivo de evitar el rechazo que produce la tumba del dictador a los familiares de los republicanos allí enterrados.
El grupo de expertos se plantea también reubicar la tumba del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, situada junto a la de Franco dentro de la basílica, aunque sin sacarla del área del Valle, dado que se le considera uno de los caídos de la Guerra Civil al haber sido condenado y ejecutado por el bando republicano.
La Asociación para la defensa del Valle de los Caídos, sin embargo, ha señalado la "utilización con fines claramente electoralistas" que se está haciendo del Valle de los Caídos. Según un comunicado, la "comisión de expertos" nombrada por el Gobierno "carece de objetividad alguna" y la única persona que puede decidir el lugar de descanso del dictador es su única hija Carmen Franco, la cual ha manifestado públicamente "su absoluta disconformidad" ante cualquier actuación con los restos mortales de su padre.
Por ello, la Asociación para la defensa del Valle de los Caídos ha anunciado que ejercerá cuantas acciones judiciales sean necesarias, incluso penales, en relación a la actuación de la comisión de expertos y del Gobierno socialista.
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