El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, ha destacado este jueves que las decisiones judiciales deben ser respetadas por todos, "en particular por las instituciones públicas", y ha recordado que los tribunales de justicia deben evitar convertirse en "protagonistas de conflicto alguno".

Estas palabras de Dívar en su discurso de apertura del Año Judicial, que se celebra en ausencia del rey por primera vez en 28 años, han sido interpretadas como una velada alusión al conflicto surgido a raíz de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a que el castellano sea lengua vehícular junto al catalán en las escuelas catalanas.

Dívar también ha hecho referencia a "las zonas de fricción" que surgen entre las competencias de los diferentes tribunales, entre ellos el Supremo y el Constitucional, y para evitarlas ha propuesto que el Supremo respete "los criterios sentados por el Tribunal Constitucional" y que éste reconozca a su vez "la jurisprudencia del Tribunal Supremo".

Por su parte, el fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido ha sostenido que, "aferrados a la dignidad de las víctimas", asistimos a la "derrota legal, material y moral" de ETA y de quienes "se creyeron absurdamente capaces de quebrar a sangre y fuego la voluntad democrática de los españoles".

Como despedida, ha recordado que la Fiscalía agotó todas las posibilidades para "excluir" a Bildu de las instituciones y ha añadido que "seguimos sosteniendo" en el Tribunal Constitucional la ilegalización de Sortu mientras subsista la "sombra de ETA".

No obstante, Conde-Pumpido ha indicado que en este "agónico final" persiste la incapacidad de los terroristas y sus valedores para "reconocer su trágico y cruento desatino histórico, renunciando expresa, clara y definitivamente a la imposición de sus tesis totalitarias mediante la violencia".

Ha destacado el descenso notorio de la actividad de ETA, al tiempo que ha recordado que, a pesar de ello, los terroristas mataron al policía francés Jean Serge Nerin en marzo de 2010. Dada la "ambigüedad" con que, a su juicio, ETA anunció en septiembre el alto el fuego, ha resaltado que policías, jueces y fiscales permanecen "vigilantes e inflexibles" en el cumplimiento de la ley.

En su intervención, ha mostrado su satisfacción por la tendencia al descenso del número de procedimientos penales, que el año pasado se situaron en 4.472.042 causas por delito, lo que significa una reducción del 5,82% con respecto al ejercicio anterior.