El Consejo de Ministros ha dado este viernes el visto bueno a dos anteproyectos de ley presentados por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que suponen una reforma "radical" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), y que darán al fiscal la investigación, pero reforzarán el papel del juez de garantías.

"No es una ley con menos juez, sino todo lo contrario, con más juez", ha defendido Caamaño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha desgranado las novedades de esta reforma, que ahora se enviará al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo General de la Abogacía y al Consejo Fiscal para que emitan los correspondientes informes preceptivos.

El titular de Justicia ha asegurado que el Ejecutivo intentará que esta reforma pueda ver la luz antes del final de la legislatura, y ha expresado su confianza en el trabajo de los grupos parlamentarios y en la posibilidad de que se alcance el consenso necesario para su aprobación.

Para el portavoz del Gobierno, José Blanco, la nueva ley nos acerca más a las democracias modernas, y ha destacado que su cambio "estructural" afectará al 70% de las causas que llegan a los juzgados. Además, proporcionará al ciudadano "más garantías y más seguridad", según Blanco, que ha recordado que esta reforma era un compromiso adquirido por el Gobierno.

La reforma de la LECrim se aborda a través de dos anteproyectos, el primero para regular los aspectos concretos y el desarrollo del procedimiento, y el segundo, el anteproyecto de ley orgánica de desarrollo de los derechos fundamentales vinculados al proceso penal, con el que se refuerzan los derechos y garantías de los detenidos y los investigados.

Asimismo, por primera vez se regula la figura de la "víctima", que tendrá un estatuto propio que recogerá sus derechos en el procedimiento.

La futura LECrim dejará la investigación en manos del fiscal, pero reforzará la posición de los jueces como "garantes" del proceso penal, al establecer un juez de garantías, un juez de control en la audiencia preliminar y, por último, el juez que juzgará en el juicio.

De esta forma, los representantes del Ministerio Público podrán poner fin a un procedimiento en el momento en el que no se acrediten indicios de delito, y serán los encargados de dirigir las labores de investigación de la policía judicial, tarea que hasta ahora correspondía a los jueces.

Además de estos dos anteproyectos, el Gobierno ha aprobado también para su remisión al Congreso el proyecto de ley por el que se crean los tribunales de instancia, órganos colegiados que en tres años sustituirán a los juzgados tradicionales (ahora unipersonales), lo que supondrá, según Caamaño, un cambio profundo en la organización de la Administración de Justicia.

Los nuevos tribunales de instancia englobarán a los jueces de un partido judicial por secciones (de instrucción, social, penal, mercantil, civil de violencia sobre la mujer...) y tendrán un presidente, que sustituirá a la actual figura del decano, aumentando sus competencias. Dicho presidente será elegido por los jueces que integren el tribunal para un mandato de cuatro años.