La decisión de Camps deja 'vendidos' a Betoret y Campos, que se habían autoinculpado

Contra todo pronóstico Francisco Camps presentó el miércoles su dimisión como presidente de la Generalitat valenciana, pero insistió en defender su inocencia. La noticia pilló desprevenidos a dos de los otros tres imputados por el 'caso de los trajes' de la 'trama Gürtel': Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consellería de Turismo y actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, y a Víctor Campos, exvicepresidente de la Generalitat. Ambos ya habían acudido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) para firmar la sentencia de conformidad por la que se reconocían culpables de los hechos que se les imputan y aceptaban el pago de la multa más alta de las que solicitaban las acusaciones.

Los cuatro imputados habían llegado al acuerdo de aceptar declararse culpables de cohecho pasivo impropio para evitar ir a juicio, según Europa Prees, para aceptar la decisión del presidente del tribunal, siguiendo la ley de enjuiciamiento criminal; pero este acuerdo solo sería efectivo si eran los cuatro los que reconocían su culpabilidad antes de que se iniciara el juicio.

Ni Camps, ni Ricardo Costa, los otros dos implicados, formalizaron este trámite por lo que el caso sigue adelante, aunque Betoret y Campos quedan en una posición extremadamente delicada: han reconocido su culpabilidad, por lo que, según han explicado fuentes jurídicas a 20minutos.es, sería "muy complicado" defender su inocencia en el hipotético caso de que decidieran desdecirse delante del jurado popular que los juzgará.

Los cuatro deberán además afrontar el pago de una fianza correspondiente al pago de la multa más un tercio de ésta.

En qué situación quedan los imputados

El más conocido por su importancia política es Francisco Camps, que ha sido presidente de la Generalitat Valenciana durante ocho años. El hasta ahora jefe del Consell deja la máxima responsabilidad del Gobierno valenciano como un "sacrificio" por España y por Mariano Rajoy, según defendió el miércoles durante el anuncio de su dimisión. Al haberse negado a firmar el acuerdo para evitar el juicio, se sobreentiende que luchará hasta el final en la defensa de su inocencia, aunque deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Mantiene su acta de diputado autonómico.

Ricardo Costa, exsecretario general del  PP valenciano y diputado en Les Corts, fue reticente a firmar el pacto y dijo que solo lo haría si antes lo hacía Camps. Para él aceptar los cargos era más controvertido, porque implicaría encarar con antecedentes penales el proceso de la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, causa que también instruye el TSJV y en el que aparece implicado por presuntos delitos electorales y falsedad. Sigue como diputado.

Exactamente en la misma situación penal de Costa está el exjefe de Gabinete de la Consellería de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación, Rafael Betoret, que todavía está pendiente del caso de la financiación ilegal del PP valenciano, en el que su nombre aparece vinculado a delitos de prevaricación y cohecho.

El cuarto imputado, Víctor Campos, fue el primero en acudir el miércoles al TSJV, acompañado de su abogado, para firmar el acta en el que reconocía su culpabilidad ante el secretario de la Sala y el presidente del tribunal del jurado, Juan Climent. Su maniobra no le evitará tener que ir a juicio. Como los demás acusados, sigue defendiendo su inocencia: "Soy una persona honrada y es una decisión injusta".

Un jurado de nueve valencianos

El pasado viernes, el magistrado José Flors dictó el auto de apertura de juicio oral. En él se da un plazo de 15 días para emplazar a las partes y que éstas pidan, a través de sus procuradores, lo que necesitan para su defensa, propongan pruebas, etc. Durante este periodo las partes implicadas tienen la posibilidad de ampliar o reducir el objeto del procedimiento (pedir que se incluyan más o menos hechos) y de proponer nuevas diligencias.

Cada dos años se preselecciona a 3.500 candidatos

Una vez concluido este trámite, el presidente del tribunal del jurado, Juan Climent, dicta el auto de hechos justiciables, donde hace constar los hechos que se van a enjuiciar, determina las pruebas y pone fecha para el juicio, que será público.

Al menos un mes antes de que comience el juicio deberá procederse a la selección del jurado. Según explican desde el TSJV, el jurado se elige por sorteo de una bolsa de candidatos preseleccionados. Esta bolsa de candidatos también se elige por un sorteo sobre el censo electoral de Valencia, cada dos años. En total quedan preseleccionadas 3.500 personas. Posteriormente, según se van necesitando, se van eligiendo, también por sorteo, en grupos de treinta y seis personas.

A estos 36 candidatos se les envía la documentación sobre la Ley del jurado y un cuestionario. Ahí los candidatos podrán alegar su incapacidad o incompatibilidad para formar parte del jurado (técnicamente los términos son Incapacidad, Incompatibilidad, Prohibición y Excusa).

El día del juicio deberán comparecer al menos 20 de los 36 seleccionados, entre los que se eligen finalmente, con la intervención de las defensas de las partes y las acusaciones, nueve titulares y dos suplentes. Ante ellos deberán rendir cuentas los cuatro implicados: Camps, Costa, Campos y Betoret.