El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública, Javier Sáenz de Cosculluela, ha afirmado este lunes que la crisis "no ha sido culpa" del sector de la construcción y ha censurado que ha habido "mucho intruso y mucho oportunismo", mientras que las administraciones no han elaborado normas para frenar "un proceso especulativo".

El que fue ministro de Obras Públicas entre 1985 y 1991 ha participado en un coloquio organizado por la APD sobre el sector de la construcción, en el que ha defendido que "un subsector del subsector" sí ha hecho presión, pero "si algo se desmanda es porque el poder público no ejerce".

Así, ha indicado que los ayuntamientos se han visto condenados "a una insuficiencia presupuestaria insufrible" y han visto en las tasas por obras "su fuente de financiación", por lo que han recurrido a modificaciones de los planes urbanísticos para permitir la construcción. Pero todo este proceso, ha dicho, "no ha sido culpa del constructor".

En este sentido, el director del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, ha indicado que el aumento de la construcción se produjo como respuesta a "un fuerte incremento de la demanda" de vivienda, aunque también ha llevado a "una excesiva construcción en ninguna parte". Asimismo, durante su discurso ha afirmado que "la culpa ha sido de la política monetaria".

En cualquier caso, ha apostado por "dar salida" al stock de viviendas bajando los precios y ha calculado en entre 300.000 y 350.000 las casas que la economía española debería construir cada año.

Al hilo de ello, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, ha afirmado que el sector de la construcción "ha respondido al entorno", en el que el dinero era barato, y ahora, ha recetado hacer una "reflexión" y ajustar iniciativa pública y privada a la realidad. "No por eso el futuro es dramático", ha dicho.

Sáenz de Cosculluela ha reprochado que se eche la culpa de la crisis al sector de la construcción cuando existen "17 leyes de suelo" y una "incapacidad" para controlar el gasto público, al que contribuyen las televisiones públicas y otros organismos autonómicos. Sin embargo, ha defendido la necesidad que tiene España de hacer inversiones públicas productivas.

España, ha dicho el presidente de los constructores de obra pública, no tiene capacidad para hacer política económica, "la impone la Comunidad Europea", que "carece de liderazgo" y que está "en manos de una clase funcionarial que ha desvalorizado el proyecto europeo". En cualquier caso ha augurado unos "20 ó 24 meses bastante duros" y ha considerado una "obligación moral" de los partidos mayoritarios llegar a un acuerdo.

Colaboración público-PRIVADA

En relación con la colaboración público-privada para la construcción de infraestructuras, Sáenz de Cosculluela ha admitido que es una vía adecuada para un contexto de crisis como el actual, pero no como un modelo "crónico".

Por su parte Juan Iranzo ha destacado que uno de los estadios de la crisis que tiene más efectos en España es el de la deuda soberana y ha afirmado que mientras persistan los problemas en Grecia "la prima de riesgo va a seguir siendo alta". "Tenemos un problema financiero", ha dicho, aunque ha considerado que el sector de banca y cajas español "no está peor que otros países". No obstante, ha recomendado crear "un banco malo" con los activos inmobiliarios de riesgo en manos de las cajas.

Para la recuperación económica en España, ha dicho Iranzo, son necesarias reformas en las administraciones públicas y en el ámbito laboral, que tienen efectos "a medio plazo", pero que en un espacio corto de tiempo pueden rebajar la prima de riesgo. Sin embargo, el economista ha considerado necesario un adelanto electoral, un punto en el que ha coincidido Agustín Hernández.