El Tribunal Supremo ha confirmado el cese de funciones por tiempo de tres meses impuesto a un guardia civil del Destacamento de Tráfico de Alicante que se apropió del remolque que transportaba un conductor al que paró días antes en la carretera.

La Sala de lo Militar del Supremo ha confirmado que el agente Alejandro J.G. cometió una falta muy grave de "abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos o a la Administración" al haber sido detenido como supuesto autor de delitos de cohecho y apropiación indebida.

Así consta en una sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Pignatelli, en la que se rechaza el recurso de casación que el miembro del Instituto Armado presentó contra la resolución dictada en julio del pasado año por el Tribunal Militar Central, en virtud del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.

Los hechos tuvieron lugar a las 10.55 horas del 13 de febrero de 2010, cuando una patrulla de Tráfico ordenó a un conductor que detuviera su vehículo a la altura del kilómetro 13,100 de la carretera CV-86. El guardia civil formuló entonces una denuncia por no haber pasado la ITV correspondiente y otra por el mal acondicionamiento de la carga.

Además, el agente informó al automovilista de que su remolque carecía de la documentación oportuna y que, si se lo entregaba a él, se encargaría de llevarlo a un centro de destrucción, dado que el coste de la denuncia en caso contrario iba a ser muy superior al valor del remolque.

El conductor, en compañía de su mujer, se citó con el guardia civil a las 16.00 horas de ese mismo día en el parking del centro comercial Carrefour de Torrevieja para darle el remolque. Sin embargo, la pareja se sorprendió cuando el agente, de paisano y fuera de servicio, no les hizo entrega de ningún justificante que acreditara la intervención.

"destrucción de la confianza" en la guardia civil

Después de que el conductor decidiera interponer la correspondiente denuncia, el Instituto Armado encontró su remolque en el garaje particular del agente denunciado. El director general de la Policía y la Guardia Civil acordó entonces la medida cautelar de cese en funciones por tres meses.

El fallo judicial del Tribunal Supremo dictamina que hay base para afirmar "que, objetivamente, la presunta actuación del demandante ha perturbado la disciplina y ha ocasionado perjuicio al servicio". Los magistrados afirman que "resulta palmario" este menoscabo al servicio y reprueban que se "destruya la confianza" en la "correcta e íntegra" prestación por parte del Instituto Armado.

"Los ciudadanos tienen derecho a confiar en que los integrantes del Cuerpo actúen con honradez y pleno respeto al ordenamiento jurídico", expresa la resolución, que indica que este agente intentó aprovecharse de las infracciones denunciadas para obtener "un ilícito beneficio económico o lucro personal, atentando, aparentemente, contra la lealtad y buena fe que un servidor público debe a la Administración".