"Vamos a seguir luchando para rescatar los restos que son nuestros y que nos robaron"

El miércoles Alfredo Pérez Rubalcaba anunció en el Congreso que sería prácticamente imposible identificar los cadáveres de las personas que están enterradas en el Valle de los Caídos. En la basílica, en columbarios individuales y colectivos, yacen 33.846 cuerpos de ambos bandos de la Guerra Civil. De todas ellos, 21.423 están identificados y 12.410 figuran en los archivos de Patrimonio Nacional como "desconocidos". Los cuerpos fueron trasladados allí entre 1959 y 1983.

Este anuncio ha provocado el rechazo de algunos partidos políticos de izquierda y de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica, cuyo presidente, Emilio Silva, critica la "falta de transparencia" con la que ha manejado el Ministerio de Justicia la elaboración del informe que ha dado lugar a las conclusiones de Rubalcaba. "No conocemos el informe que se ha hecho del Valle, llevamos 10 años exhumando fosas, nos gustaría tener acceso a él para saber si es definitivo o solo refleja parcialmente la situación de algunos de los nichos que se abrieron, porque puede que haya restos que no se pueden identificar y otros sí". Silva explica que los cuerpos eran trasladados al Valle de los Caídos en cajas etiquetadas con el nombre del pueblo y de la provincia, "como se ve en el archivo de fotos que tiene la agencia EFE", por lo que, al menos, "sería posible una devolución colectiva" de los cuerpos que no puedan ser identificados, defiende. Se ilegalizan partidos y locales porque apoyan la violencia y se permite un lugar de exaltación de la peor violencia posible

Silva pide además que se les deje elaborar "un informe de parte" con las aportaciones de los expertos que llevan años ayudándoles en sus exhumaciones.

En cuanto al futuro del Valle de los Caídos, cuyo destino deberá ser debatido por una comisión de expertos que el Gobierno creará, y a la que, de momento, no han sido invitados,  Silva es claro: "Su existencia es una vergüenza para la democracia. En septiembre de 2002 elaboramos una proposición no de ley, articulamos varios puntos, y en uno de los puntos pedimos sacar de allí los restos de Franco y Primo de Rivera, porque no es comprensible que las familias que padecimos el delito más grave que existe en el derecho penal tengamos que pagar con nuestros impuestos la tumba del dictador" y critica la "doble moral" que tolera que  "se ilegalicen partidos y locales porque apoyan la violencia mientras se permite un lugar de exaltación de la peor violencia posible".

Para su asociación hay que "dignificar" a quienes están ahí enterrados: "No es digno que estén en monumento construido para la gloria del dictador. Pedimos que se convierta en un museo y que se cuente quiénes fueron obligados a construirlo, cómo y por qué, que se cuente la  historia de los hombres que trabajaron como esclavos ahí".

"Queremos lo que es nuestro y nos robaron"

Fausto Canales es uno de los miembros más activos de la Agrupación de Familiares Pro Exhumaciones de Republicanos del Valle. Él se esperaba el anuncio que el miércoles hizo Rubalcaba, " pero no por eso ha dejado de causarnos gran tristeza". Canales tiene a su padre y a su tío enterrados en el Valle de los Caídos.

Una patrulla de Falange sacó a su padre de casa en Pajares de Adaja (Ávila) la noche del 20 de agosto de 1936.  Desde entonces ni él, que tenía dos años, ni su madre ni su hermano, que tenía 4, volvieron a saber nada de él. Su padre tenía 29 años. Aquel día la patrulla "con el consentimiento de de los caciques del pueblo", cuenta, se llevaron a otras seis personas, entre ellas una mujer. Años después, tras muchas pesquisas y averiguaciones supieron que el cuerpo de su padre había sido arrojado a un pozo seco en Aldeaseca, a unos 70 kilómetros de su pueblo, de donde fue trasladado en el año 59- "sin nuestro permiso y sin que supiéramos nada"- hasta el Valle de los Caídos. También hasta allí fue llevado desde Griñón el cuerpo de su tío, que murió en Madrid, a los 27 años, tras ser movilizado en Salamanca, donde trabajaba como jornalero segando trigo. No se ponen en el lugar de los familiares, nuestro sufrimiento es continuo

"Vamos a seguir luchando para rescatar los restos que son nuestros y que nos robaron. Tenemos una sepultura esperando", repite Fausto. Él no entra a hacer valoraciones políticas de las razones que pueden estar detrás del anuncio de Rubalcaba ni especula sobre el futuro del Valle, "cualquier cosa que se haga con él debe pasar primero por recuperar los cuerpos de quienes están allí", explica; pero sí es crítico con quienes hablan de reconciliación: "Es lamentable, nosotros no estamos enfadados con nadie, solo exigimos nuestros derechos y recuperar los cuerpos cueste lo que cueste".

Fausto denuncia además "falta de sensibilidad y voluntad política" por parte de quienes tienen las herramientas para solucionar este asunto: "No se ponen en el lugar de los familiares, ni tienen intención de reparar mínimamente a las víctimas. Nuestro sufrimiento es permanente. El mío dura 75 años".

La asociación de Fausto pedirá "un informe contradictorio" del forense, aunque él no duda de la labor desarrollada por el equipo que ha trabajado en el Valle; pero, como explica, "los informes son instrumentos que manejan quienes deciden".

Que se identifiquen, aunque se tarde

Por su parte los diputados de IU Gaspar Llamazares y de ICV Núria Buenaventura han rechazado este jueves la pretensión del Gobierno de poner "punto y final" a la posibilidad de exhumar a las víctimas del franquismo enterradas en el Valle de los Caídos y han pedido que se identifiquen todos los cuerpos "aunque se tarde años".

Los parlamentarios de izquierdas también han rechazado la propuesta de Rubalcaba de estudiar cómo convertir la basílica en un lugar para la memoria y la reconciliación, objetivo imposible, a su juicio, mientras no se desacralice y continúen allí enterrados el dictador Francisco Franco y el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera.

Buenaventura ha hecho hincapié en la necesidad de hacer "todos los esfuerzos" necesarios para identificar los cuerpos sepultados, convencida de que científicamente es posible y de que los familiares tienen derecho a enterrarlos "dignamente".