El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, confirmó este miércoles que el Consejo de Ministros de este viernes aprobará, por real decreto-ley, el plan del Gobierno para que aflore el empleo sumergido.

En rueda de prensa, Gómez recordó que este miércoles acaba el plazo para que empresarios y sindicatos presenten sus alegaciones al segundo borrador que les han entregado con el plan. Gómez ha explicado que el borrador puede cambiar hasta el viernes.

Al respecto, destacó que, si las propuestas de la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT son "razonables, serán bien recibidas".

Explicó que en el diálogo que se ha mantenido con los agentes sociales ha habido "diferencias importantes", por lo que, "como siempre", el Gobierno intentará que el real decreto-ley sea "equilibrado".

No obstante, el titular de Trabajo subrayó que el plan del Gobierno no estaba previsto que fuera sometido a un "período de negociación" con los interlocutores sociales.

Valeriano Gómez descartó que con el plan del Gobierno se vaya a precarizar el mercado laboral, tal y como sostienen los sindicatos, que rechazan que los empleadores puedan regularizar a sus ilegales mediante contratos temporales de seis meses.

Todavía no se ha determinado si el plazo que tendrán los empresarios para dar de alta a sus trabajadores "en negro" será de "dos o tres meses", explicó Gómez.

Tampoco, según el ministro, se ha concretado si serán 6 meses -como aparece en el segundo borrador- o un año -como en la primera propuesta- el tiempo que se reconocerá a los trabajadores que se les dé de alta en el proceso voluntario de regularización de cara a futuras prestaciones de desempleo o de pensiones.

En este punto, Valeriano Gómez quiso precisar que el objetivo del Gobierno no es "mirar al pasado, sino al futuro".

La economía sumergida en el empleo genera cerca de 82.000 millones de euros, cifra cercana al 8% del Producto Interior Bruto (PIB), según cálculos del sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha) difundido este miércoles.

En referencia al plan contra el empleo irregular que el Gobierno aprobará el próximo viernes, este colectivo reclamó que se reconozca a los trabajadores regularizados la cotización de todo el periodo durante el que hayan prestado servicio y no sólo desde enero de 2011, como recoge el borrador del plan.

De esta forma, consideran que serán los propios trabajadores quienes demanden a los empresarios que normalicen su situación.

Sobre el empleo sumergido, Gestha señala que las comunidades autónomas donde más se concentra son Cataluña, Madrid, y Andalucía, mientras que las que menos tienen son La Rioja, Cantabria y Extremadura.

Asimismo, el colectivo abogó por que el plan contra el empleo irregular introduzca estímulos adicionales "lo suficientemente alentadores" como para persuadir a los empresarios para declarar el trabajo sumergido, en lugar de limitarse a suavizar temporalmente las condiciones de afloramiento voluntario del empleo.

Por otro lado, indicaron que la aplicación de eventuales amnistías fiscales no es una herramienta adecuada para que emerja la economía irregular, ya que, a su juicio, las regularizaciones pasadas se mostraron poco efectivas y además suponen un agravio comparativo hacia los asalariados que sí cumplen con el fisco.

Según Gestha, la clave se encuentra en la lucha efectiva contra el fraude tributario, ya que es el dinero negro el que permite en primer lugar mantener los empleos irregulares.

El colectivo aseguró que, de implantarse medidas que redujeran en diez puntos la tasa de fraude en España, el Estado podría recaudar más de 13.000 millones de euros adicionales provenientes de las cuotas de la Seguridad Social.