UPyD planteará este jueves en el Parlamento vasco el establecimiento de un recargo del tres por ciento en el Impuesto de Sociedades que se aplica a las entidades financieras y volverá a reclamar que las competencias sobre la política tributaria pasen de las Juntas Generales de cada territorio a la Cámara autonómica.

El parlamentario de UPyD en el Legislativo vasco, Gorka Maneiro, ha anunciado este miércoles, en una rueda de prensa, que presentará unas 50 propuestas de resolución en el debate monográfico sobre fiscalidad que se celebrará el jueves en la Cámara.

Maneiro también se ha referido a la reforma fiscal acordada por el PNV y el PSE-EE, cuya aprobación depende del resultado de la votación que se produzca en las Juntas Generales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. UPyD, según ha reconocido, considera positivos algunas de las medidas consensuadas por ambas formaciones —entre ellas el aumento de la presión fiscal sobre las rentas altas o la apuesta por un plan conjunto de lucha contra el fraude—, aunque en términos generales ha calificado la reforma de "fallida".

El representante de UPyD ha criticado que las medidas pactadas por 'jeltzales' y socialistas no avanzan lo "suficiente" en la configuración de un modelo tributario "progresivo" y que, además, no incluyan un compromiso de reducir el gasto "superfluo" de las administraciones públicas. Además, ha alertado de que no se sabe "cuándo y dónde" se aprobará finalmente dicha reforma.

"injerencias políticas"

Maneiro planteará en el debate que se celebrará el jueves en el Parlamento que se establezca un recargo del tres por ciento en el tipo de Impuesto de Sociedades que se aplica a las entidades financieras. Además, propondrá que se supriman "las injerencias políticas en las actuaciones de inspección" de las haciendas forales, un fenómeno que, según ha asegurado, "sigue produciéndose" en la actualidad en Euskadi.

Por otra parte, al igual que ha planteado en numerosas ocasiones, solicitará que las competencias sobre la política tributaria, que actualmente residen en las Juntas Generales, pasen al Parlamento autonómico. De esa forma, tal y como ha asegurado, se garantizaría una mayor eficacia en la lucha contra el fraude y se evitarían "los enfrentamientos territoriales y la descoordinación fiscal".