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Doblemente maltratadas

La ley garantiza este derecho a todas las víctimas con independencia de su origen, religión o cualquier otra circunstancia personal o social. Sin embargo, la recién aprobada Instrucción 14/2005, de la Secretaría del Estado de Seguridad, «sobre actuación en dependencias policiales en relación con mujeres extranjeras víctimas de violencia doméstica o de género en situación administrativa irregular», es una seria amenaza a este derecho.

Estas mujeres extranjeras, colectivo especialmente numeroso en Madrid, sólo podrán recibir un permiso de residencia temporal tras denunciar malos tratos cuando la autoridad judicial acuerde adoptar alguna medida de protección. Es decir, tras la denuncia, se podrían encontrar expuestas a la deportación.

¿Resultado? Un aumento del miedo de las víctimas y un descenso de las denuncias. Parece clara la intención del Estado de dar prioridad al control de los flujos migratorios en contra de los derechos.

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