El expresidente conservador francés Nicolas Sarkozy ha sido imputado por "corrupción activa", tráfico de influencias y encumbrimiento de la violación del secreto profesional, según ha adelantado el diario galo Le Monde. El anuncio de la fiscalía a la prensa en un comunicado llegó después de que Sarkozy pasara quince horas declarando como detenido ante la policía y otras tres horas ante los jueces, a las afueras de París, medida inédita para un jefe del Estado francés.

El delito por tráfico de influencias, según el código penal francés, puede acarrear una pena de hasta de diez años de prisión y 150.000 euros (205.000 dólares) de multa. Además, la condena puede suspender algunos derechos civiles.

El exmandatario fue llamado este martes a declarar ante la Policía Judicial de Nanterre, localidad cercana a París, para ser interrogado por los delitos arriba mencionados. Los agentes, según indicaron los medios galos, le colocaron en régimen de garde à vue, una medida inédita hasta ahora para un antiguo mandatario y durante la cual ha estado bajo la jurisdicción de la Policía judicial y con asistencia letrada, una situación que permitía interrogarle hasta 48 horas en caso de que sea necesario.

Los investigadores intentan determinar si el exjefe de Estado y su entorno crearon una red de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazan al político conservador.

Sarkozy llegó a la sede policial a primera hora de la mañana del martes y un día después de que también fueran interrogados su abogado, Thierry Herzog, y dos altos magistrados del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert y Patrick Sassoust. Herzog y Azibert han sido imputados este mismo martes por tráfico de influencias.

De Azibert, cercano al letrado del expresidente, se sospecha que recababa información de consejeros del Tribunal Supremo sobre los avances en la investigación sobre presunta la financiación ilegal de la campaña que llevó a Sarkozy al Palacio del Elíseo. Según esa teoría, el defensor de Sarkozy le prometió como contrapartida que el expresidente le ayudaría a conseguir un puesto en la administración de Mónaco que buscaba.

Este miércoles, Sarkozy abandonó su domicilio parisino y se dirigió a su oficina en el centro de la ciudad tras reunirse durante cerca de una hora y media con su abogado, Thierry Herzog. El expresidente (2007-2012), primer antiguo jefe del Estado francés obligado a prestar testimonio como detenido, no ha hecho declaraciones. Su entorno, sin embargo, rechaza la validez legal de las escuchas telefónicas que han provocado su imputación pues entienden que violan el derecho de confidencialidad que existe entre un abogado y su cliente. Además, sus allegados denuncian un complot para evitar el regreso de Sarkozy a la escena política

El expresidente francés se apartó de la vida política en 2012 tras ser derrotado en las elecciones generales, pero había anunciado su intención de volver a la política activa y crear un nuevo partido político. Sin embargo, los numerosos escándalos con los que se le ha relacionado en los últimos años están complicando sus objetivos.

A las pocas semanas de perder la inmunidad ligada a su cargo de presidente, hace más de dos años, Sarkozy ya tenía cuatro frentes judiciales abiertos.

La primera denuncia tras la pérdida de la inmunidad la pusieron dos familias de víctimas de un atentado en Pakistán que habría estado relacionado con la compra fraudulenta de armamento a Francia. Las familias acusaban a Sarkozy de violar el secreto del sumario porque emitió un comunicado en el que aseguraba que su nombre no aparecía en la documentación del caso.

En el llamado 'caso de las escuchas' se investiga, entre otros asuntos, si el político conservador recibió financiación ilegal para su campaña presidencial de parte de la multimillonaria heredera del grupo de cosméticos L'Oréal, Liliane Bettencourt, y del depuesto dictador libio Muamar el Gadafi. La investigación estaba relacionada, en origen, con las pesquisas abiertas para determinar si parte de la campaña que le llevó al cargo en 2007 fue financiada por el régimen libio.

Sarkozy estuvo acusado de abusar de la debilidad mental de la millonaria Bettencourt para aprovecharse de su fortuna y financiar la campaña de su partido. La investigación este caso llevó a la Policía francesa a registrar el domicilio de Sarkozy y sus despachos en París. Finalmente, los jueces retiraron los cargos contra el expresidente al considerar que las pruebas eran "muy débiles".

Las escuchas a las que fue sometido Sarkozy posteriormente condujeron el pasado febrero a la apertura de una investigación judicial por los cargos de "violación del secreto del sumario" y de "tráfico de influencias". Una serie de escuchas judiciales publicadas a principios de este año revelaron que Sarkozy tenía varios topos en la judicatura que le informaban de la marcha de las causas que tiene abiertas y mostraban que el expresidente francés puso en marcha "un gabinete negro para neutralizar a los jueces que le investigan".

Según esa teoría, el defensor de Sarkozy prometió como contrapartida al magistrado Azibert que el expresidente le ayudaría en su demanda de conseguir un puesto que buscaba en la administración de Mónaco, que nunca obtuvo. Sin embargo, la defensa del letrado Herzog sostiene que esas escuchas son ilegales por violar el derecho a la confidencialidad entre abogado y cliente y no entran en el contenido de las mismas.

"Thierry Herzog es libre. Sigue siendo el abogado de Nicolas Sarkozy, no le afecta ninguna prohibición", dijo a la prensa Paul-Albert Iweins, defensor de quien habitualmente ejerce de abogado de Sarkozy y que ahora comparte imputación con el expresidente. Uno de los elementos que pusieron en alerta a los jueces que llevan la instrucción fue el hecho de que Sarkozy abriera -bajo el pseudónimo de Paul Bismuth- una segunda línea de teléfono móvil. Sospechan que a través de esas llamadas, que detectaron pronto, intentaba comunicarse discretamente con su abogado sobre los avances de los procesos judiciales de los que le informaban supuestamente los citados magistrados.

El primer ministro galo, el socialista Manuel Valls, se ha pronunciado este miércoles sobre el asunto y ha señalado que "nadie está por encima de la ley". "Los hechos son graves", ha declarado en una entrevista en BFM TV pero ha pedido que se respete la presunción de inocencia de Sarkozy.

"La justicia es independiente y debe reaccionar con independencia y serenidad", ha agregado Valls, quien ha rechazado cualquier intervención del Gobierno en la suerte del expresidente, como sugiere su familia política.