Habían pasado ocho meses desde que la denunciante devolvió el móvil en una tienda de Santander, cuando una amiga dio con aquel terminal olvidado en una estantería y con el álbum familiar de la joven expuesto al público. La denunciante no borró las fotos porque el aparato no se podía encender, pero aun así, el juez considera que es obligación del comercio restablecer los valores de fábrica y eliminar todo su contenido. Por no haberlo hecho, el establecimiento deberá pagar 22.000 euros de indemnización a la joven y a su familia que también aparecía en las fotos. La sentencia habla de una grave intromisión ilegítima en su honor y una vulneración de su intimidad.