Incluir a todas las formas de violencia de género -como la vicaria o la económica-, blindar la financiación pública y a las asociaciones feministas, promover la especialización profesional de todos los actores implicados o consolidar el plan de sensibilización y prevención. Son algunas de las claves acordadas por los grupos parlamentarios en la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género que se ha firmado este jueves en el Congreso de los Diputados.
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​El Pacto, que se alcanzó por primera vez en 2017 con un consenso sin precedentes, sentó las bases para garantizar la respuesta a la violencia machista y reforzar las acciones para erradicarla. Cuatro años después, todos los partidos políticos menos Vox han renovado ese compromiso y actualizado el dictamen que iba a perder su vigencia en septiembre de 2022.