La casa y el coche. Son los principales conceptos a los que se destinaron en 2008 la mayor parte de los préstamos pendientes de pago. El
48% de ellos se solicitaron para comprar la
vivienda habitual, frente al 26% que fueron solicitados para adquirir un coche y el 12% para consumo general.
Así consta en la memoria 2008 del
Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), que se ha presentado este martes. Ante la situación de
endeudamiento de las familias, CCU insta a conseguir un acuerdo general entre representantes de los usuarios y la banca, tutelado por la Administración, destinado a la refinanciación de las deudas. El 6% de los préstamos pendientes de pago en 2008 fueron solicitados para la
compra de una segunda vivienda, el 4,5% para "salir de un
apuro económico", el 3% por "otros motivos" y el 0,5% para alguna
celebración familiar.
El CCU atribuye el elevado
sobreendeudamiento a la
subida del precio de la vivienda, la relajación de las cautelas de las entidades financieras, las prácticas publicitarias agresivas de animación al crédito y las deficiencias e imprevisión de los consumidores. Asimismo, el CCU alude a la "
fiebre consumista desproporcionada" de los ciudadanos a pesar de que el Banco de España advirtió ya en 2003 de los riesgos del sobreendeudamiento. Así, la hipoteca media
en 1996 era de
47.378 euros, 18 años de amortización y una cuota anual de 3.756 euros, y en 2007 el importe ascendía a 149.000 euros, el periodo de amortización a 28 años y la cuota anual a 9.061 euros.
El estudio afirma que el 32% de los consumidores españoles descontrola el gasto, de los cuales el 45% tiene problemas importantes y el 3% llega a niveles que afectan su vida personal y social. Entre los 30 y los 49 años se produce el
mayor nivel de endeudamiento y los sectores más perjudicados son los
jóvenes y los inmigrantes.
Ante esta situación, el CCU insta al Gobierno a poner en marcha una
normativa específica de urgencia a la que puedan acogerse las familias que tienen problemas para hacer frente a sus deudas y ampliar las moratorias de pago. También solicita el establecimiento de
procedimientos de mediación y resolución de conflictos, medidas que agilicen el reflejo inmediato de las
bajadas de los tipos de interés y promover la actuación de las administraciones para evitar que las familias que no puedan pagar sus hipotecas sean desahuciadas.
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