Las noticias de este verano sin vacaciones políticas nos golpean con brutales casos de violencia machista. Algunas víctimas no habían denunciado malos tratos, lo que no significa, obviamente, que no los hubiera. Y constata la importancia de que las mujeres que sufren vejaciones de cualquier tipo las pongan en conocimiento de allegados o expertos para poder recibir la ayuda necesaria.

En otros casos, las rendijas del sistema permiten fallos de consecuencias terribles: el asesinato de un niño en Murcia, a manos de su padre, pese a que este tenía dos condenas por maltrato. La madre pidió en el funeral de su hijo una reforma legal para impedir que otra víctima sea entregada desamparada a un potencial verdugo. Y debería ser atendida sin dilación.

En España sufrimos como una derrota cada vida destruida por estos crímenes, pero eso no puede ocultar el hecho de que es el único país, junto con Suecia, que tiene una ley integral contra la violencia de género. Y que otros países, como Francia e Italia, han empezado a aplicar medidas preventivas, como las órdenes de alejamiento, con muchísimo retraso y también con menos medios materiales y humanos.

La coordinación europea en esta materia de vida o muerte deja que desear: avanzar en una misma dirección ayudaría a luchar contra una violencia que, en algunos estados miembros, ni siquiera tienen una estadística fiable. Cada nuevo asesinato podría llevar a la tentación del desánimo, pero eso sería un grave error. Cada vida segada bárbaramente es, al contrario, una incitación a reforzar y a mejorar todas las medidas posibles -educativas, sociales, judiciales, policiales- para evitar que haya otro crimen machista.