• La reivindicación de los pilares del Estado de derecho está más vigente que nunca: ley igual para todos.
  • Si se reforma la Constitución, se deberán considerar las peculiaridades... de todos.

El pasado 21D, se sucedieron las imágenes de filas de votantes en los colegios electorales de Cataluña, abiertos por décima vez en siete años. Tamaña participación trajo consigo más de lo mismo: una sociedad dividida en dos pero que no permite a los independentistas imponer su criterio.

Han sido los resultados derivados de la respuesta del Estado al envite secesionista. Contrarió a los más irredentos pero, aun así, concurrieron a las urnas. La mayoría, como habían ido revelando las encuestas, respaldaba que se aplicara la ley. Así, en este intenso proceso, el Estado se ha reconocido en las posibilidades de sus recursos, con la Constitución a la cabeza, y, más allá del 1 de octubre (o quizá a raíz de los sucedidos de ese día), ha serenado con la ponderación de lo aplicado.

Este mismo mes, la Carta magna cumplía años. Cuando se aprobó, todo parecía difícil y cundía la preocupación, que mitigaba la ilusión de la nueva sociedad que se abría paso. Hoy, 39 años después, como toda obra humana, no es perfecta, pero bajo su orden el país ha superado cosas recias -como el terrorismo y su millar de muertos-, y ha cumplido gran parte de la misión para la que se concibió. Hay dos datos recientes que hablan por sí solos de qué país tenemos: somos el segundo del mundo en esperanza de vida, sólo por detrás de Japón, y más del 80% de los turistas que nos visitan, además de aumentar incesantemente, repiten. Entre todos: mecánicos, médicos, cocineros, profesores, agricultores,… incluso políticos, algo haremos bien para que así sea.

Ahora, cuando a raíz de la crisis de Cataluña se reclama su reforma, sabios habrá que decidan lo mejor. Pero creo que merece la pena defender que la Constitución no debe ir contra la igualdad de los españoles y, si ha de considerar peculiaridades, que pesen las de todos.

Han sido los resultados derivados de la respuesta del Estado al envite secesionista

El pasado mes de noviembre, Manuel Pizarro pronunciaba ante el Rey el discurso de apertura del curso de las Reales Academias y lo hacía recordando la vigencia del Estado de derecho como garantía de libertad, justicia e igualdad. Sin respeto a la ley, decía, no puede haber seguridad jurídica ni libertad y, sin ellas, no puede haber progreso. Como señalaba Pizarro, es la esencia del modelo que, basado en la democracia y el buen funcionamiento de las instituciones, forman el armazón del Estado de derecho, que ha traído a Occidente altas cotas de bienestar y disminuido los riesgos de enfrentamientos.

Los politólogos Daron Acemoglu y James A Robinson, en su luminoso trabajo "Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza", han reflexionado precisamente en cómo la calidad de las instituciones es clave en el progreso de las naciones: su carácter inclusivo o extractivo diferencia el éxito del fracaso. El estudio analiza medio centenar de países y, aunque pueda parecer para latitudes lejanas, también nos refleja.

Para Acemoglu y Robinson, sólo a través del Estado de derecho, con instituciones que garanticen el pluralismo político y la amplia alianza social que sostiene ese pluralismo, se logran políticas económicas inclusivas y adquiere sentido la idea de que todos deben ser tratados en términos de igualdad. O sea, el círculo virtuoso de coaliciones amplias que compiten y se compensan, e impulsan el desarrollo político y económico.

Esa ha sido en gran medida la realidad de nuestra historia reciente, herida por la crisis económica y ahora por la territorial del nordeste de la península. En el ámbito más candente, ese gran ilustrado de hoy que es Anton Costas, reclamaba que vuelva a Cataluña "un gobierno de todos" y se recupere la transversalidad de las relaciones políticas, de las asociaciones profesionales y cívicas e incluso de las familias, los amigos y las parejas. Que vuelva el espíritu inclusivo y el respeto a la ley, que hace más iguales a quienes más dificultades tienen.

O como dijo Felipe VI en su discurso de Navidad: Defensa del Estado de Derecho para garantizar los principios constitucionales de libertad, igualdad y justicia; pluralismo, responsabilidad, compromiso y respeto mutuo.