La izquierda se despereza o, al menos, lo intenta. Cada uno sabe bien cómo ha escapado del trance catalán y trata de espabilarse para las municipales y autonómicas del 2019, que consideran trascendentales como posicionamiento previo de cara a las elecciones generales.

El PSOE es consciente de que lo de la plurinacionalidad apenas si le permitió salvar los muebles en Cataluña y entusiasmó poco en el resto del Estado. No hubo autocrítica, pero el término acuñado ha sido prácticamente borrado del relato socialista. El de Podemos fue un palo de mayor envergadura. Las encuestas proyectan una peligrosa deriva y en público no les quedó otra que ser autocríticos, aunque siempre a su manera. Esa que les permite admitir los errores argumentando que fueron inducidos por el supuesto ejercicio de responsabilidad que realizaron para no alimentar la guerra de banderas. 

Lo cierto es que tanto dentro como fuera de Cataluña no fue advertida esa pretendida equidistancia y se les ha percibido bastante más empáticos con el soberanismo que con los constitucionalistas. El precio que están pagando por ello es muy alto porque, además de situarle los sondeos en trayectoria de desplome, terminó provocado disensiones que dañan la cohesión interna y la fortaleza de la dirección morada. Tras tomarse un holgado descanso navideño, la reacción se ha producido en torno a la agenda social que, al igual que el PSOE, tenían abandonada por la intensidad del foco en el conflicto territorial. Alejados más que nunca de la unidad de acción, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez pugnan ahora por liderar aquellas iniciativas que apuntalen el Estado de bienestar ante las maltrechas políticas de dependencia y, sobre todo, la crisis galopante del sistema de pensiones. La expresión más evidente es la competición que libran por encabezar la defensa del impuesto a la banca que ambos propugnan para reforzar las finanzas de la Seguridad Social. Una medida muy discutible que, en el mejor de los casos, se quedaría muy corta de no ir acompañada de otros estímulos más rotundos, si se quiere garantizar la salud del sistema sin devaluar el poder adquisitivo de las pensiones, que ya ha empezado a producirse. 

A ningún partido se le escapa la fuerza electoral de los pensionistas, un colectivo cada vez menos apegado a las ideologías y más atento a que nadie les robe la cartera. La propuesta de la ministra Báñez de ampliar de forma voluntaria el periodo de cálculo a toda la vida laboral es un guiño descarado a los que están en puertas de la jubilación. Su iniciativa favorece a quienes salieron depreciados de la crisis aunque todos saben que, lo realmente ecuánime, es que compute la totalidad del periodo de cotización. Sin que el empacho de Cataluña dé aún síntomas de alivio, las fuerzas políticas empiezan a entender que la gente tiene otras preocupaciones. La de las pensiones es de las acuciantes y afecta a casi 9 millones de ciudadanos. Su voto en las próximas elecciones será el mas disputado.