La Comisión Europea desveló, el pasado día 2 de mayo, su propuesta de presupuestos para el próximo período 2021-2027. Se trataba de un ejercicio prácticamente imposible, en el que la salida del Reino Unido dejaba a la Unión sin uno de sus contribuyentes netos, al tiempo que se exigía al presupuesto que hiciera hueco para nuevas prioridades y mantuviera buena parte de las ya tradicionales, como la política agraria común y la política de cohesión.

El ejercicio es un encaje de bolillos que parte de nuevos criterios de reparto tanto de responsabilidades como de transferencias, intentando mantener lo mejor de los logros europeos de los últimos 30 años, como el programa Erasmus o el programa Horizon destinado a la I+D. Sin duda todo un reto.

España sale mejor parada de lo esperado: las reducciones propuestas en agricultura y cohesión son significativas pero los nuevos criterios de reparto limitan el impacto al favorecer a aquellos países que muestren un compromiso con valores europeos como el estado de derecho y las libertades fundamentales.

Adicionalmente, el reparto de los fondos de cohesión tendrá en cuenta el impacto de la crisis financiera no sólo en los niveles de renta, sino también en el desempleo, favoreciendo de esta manera al sur de Europa frente a los países del Este.

España ya ha mostrado su intención de rechazar la propuesta, formando así parte del problema y no parte de la solución. Se esperaría de España una posición ambiciosa y solvente, pero hemos preferido ir a pelear a Bruselas lo que no somos capaces de ofrecer en Madrid: una financiación suficiente para hacer frente a los múltiples retos que tenemos por delante. Lástima.