Si hay un aspecto de nuestra agenda socioeconómica que está a punto de pudrirse, es –sin ninguna duda– el modelo de financiación autonómica. La financiación autonómica es la que da y quita mayorías para aprobar los presupuestos generales del Estado, la que sirve de excusa para el independentismo, la que abre en canal los partidos políticos y la que incide directamente en los recortes producidos en los años del ajuste, particularmente en sanidad y educación.

En efecto, la financiación autonómica es la madre de todas las batallas, el melón que nadie quiere abrir, o mejor dicho, que todo el mundo quiere abrir esperando mejorar su posición. Y es que sin un sistema justo de reparto de los fondos públicos no se puede avanzar en términos de cohesión social y territorial.

España ha hecho grandes progresos, en términos históricos, en materia de cohesión y vertebración territorial. Las diferencias socioeconómicas de hoy son sustancialmente menores a las que existían antes de las comunidades autónomas: en ese sentido, aterrizar la democracia en el ámbito territorial, y fomentar un empoderamiento de los territorios menos desarrollados es una decisión acertada. Pero los datos muestran que el proceso de convergencia se detuvo con la crisis, y la recuperación lo ha comenzado a revertir. En 2010, la comunidad autónoma más pobre tenía una renta per cápita equivalente al 53% de la renta de la comunidad autónoma más rica. El progreso es notorio: en 1980, su renta era del 40%. La recuperación agranda la brecha, y entre 2010 y 2015 la diferencia ha vuelto a aumentar.  No podría ser de otra manera en una sociedad tan desigual y un Estado tan poco redistribuidor como el que nos ocupa: según un informe de la Comisión Europea hecho público el pasado viernes, España es, conjuntamente con Italia, el país que menos apoya al 10% más pobre de su población.

Algunas comunidades autónomas están en una situación de franca desventaja: no basta con tener que hacer frente a unas finanzas derrumbadas por años de mala praxis política y económica, como han demostrado las advertencias y finamente la multa de la Comisión Europea a las cuentas de la Comunitat Valenciana, sino que además tienen que hacer frente a una abultada deuda generada en el pasado con una infrafinanciación que lleva a que comunidades autónomas como Murcia, Valencia o Andalucía reciban, pese a tener una renta per cápita por debajo de la media, menos financiación por habitante que el resto de las comunidades autónomas. Otras se encuentran cómodas en un régimen de convenio financiero que les permite financiar sus políticas públicas y ofrecer servicios de calidad, con una aportación al conjunto mucho más limitada.

La ausencia de recursos públicos, en un contexto de competencias transferidas, puede servir para perpetuar las desigualdades entre habitantes de unas y otras comunidades autónomas. Si no hay recursos, la inversión pública en educación, capital humano o infraestructuras es menor, y la capacidad de promoción económica es también más reducida, generando un círculo vicioso del que España fue capaz de escapar desde la transición democrática y que ahora amenaza con reactivarse.

El problema no es de fácil solución: cambiar el modelo de ‘reparto’ es beneficiar a unos y agraviar a otros, en un contexto muy teñido por el debate político en Cataluña y las reivindicaciones de las fuerzas independentistas. Puede que la única solución sea agrandar la tarta, incrementar los ingresos públicos, para poder tener recursos suficientes para garantizar la cohesión social y territorial. Y no hablamos solo de subir impuestos: a finales de 2017, las comunidades autónomas solo se habían gastado el 2% de la asignación para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional entre 2014 y 2020, tres veces menos que el promedio de toda la Unión Europea. Un motivo más para la reflexión.