"Lo normal si la Policía le pide a la gente que haga una cosa es que la haga; lo anormal es lo que sucedió en Cataluña el 1-O", evidenció José Antonio Nieto, que entonces ocupaba el cargo de secretario de Estado de Seguridad, en una declaración muy importante como lo demuestra que durase toda la mañana [de este lunes en el juicio del procés]. Si tras escuchar la semana pasado al exministro Juan Ignacio Zoido muchos ciudadanos debieron preguntarse cómo pudo resistir este país tamaña incompetencia a tenor de la vaguedad de sus respuestas, de quien no sabía nada más que generalidades, ahora ya tiene la respuesta. El Gobierno de Mariano Rajoy sobrellevó la mayor crisis de la democracia española gracias a la profesionalidad de los segundos y terceros niveles de la Administración como se vio con el citado Nieto y hoy probablemente también con las testificales de Enric Millo o Juan Antonio Puigserver.

Si hasta ahora el desarrollo del juicio no había aportado penalmente gran cosa y, como consecuencia de ello, parecía que los delitos de rebelión y sedición flaqueaban, lo interesante empieza esta semana. El testimonio de Nieto ha sido de gran utilidad para que las acusaciones intenten corroborar sus cargos principales. El ex secretario de Estado de Seguridad incidió en la nula voluntad de los Mossos de cumplir con el deber de impedir el referéndum. Una pasividad que obedecía a la estrategia diseñada por el Govern para llevar a cabo esa consulta, incluyendo la labor propagandística de los medios públicos catalanes. El testimonio de Nieto ha reabierto la cuestión de la violencia de la que el mundo independentista intenta responsabilizar a la Policía y a la Guardia Civil por las imágenes del 1-O. Sus palabras fueron una contundente denuncia de hasta qué punto se había alterado mediáticamente la realidad para hacer creer que lo esencial ese día era preservar la "convivencia ciudadana" cuando el mandato judicial sustantivo era frenar la votación. Lo cierto es que las fuerzas de seguridad sufrieron agresiones, hubo choques y enfrentamientos violentos que el tribunal tendrá que valorar.

Nieto ha desvelado que el Gobierno ofreció a la Generalitat, en la reunión de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre, la posibilidad de votar simbólicamente en lugares no prohibidos a fin de dar salida al conflicto y evitar males mayores. Pero el Govern de Puigdemont se negó, evidenciando una desobediencia perseverante, que nada de lo que se había aprobado en el Parlament hasta entonces con las leyes de desconexión era simbólico, y que se buscaba legitimar una declaración de independencia.