El resultado del referéndum sobre la permanencia o salida del Reino Unido de la UE ha supuesto un fuerte terremoto a ambos lados del canal de la Mancha. Una de las ondas expansivas de este terremoto se ha proyectado con especial intensidad sobre Gibraltar, permanente objeto de controversias y recurrente tema de desencuentros.

Lo cierto es que los llanitos se manifestaron de forma abrumadora a favor de la permanencia en la UE (95,9% de votos a favor). Indudablemente, el estatuto específico pactado para el territorio de Gibraltar en el Acta de Adhesión del Reino Unido (recordemos que Gibraltar es un territorio británico, pero que no forma parte del Reino Unido), cuando España bajo la dictadura franquista estaba ausente del proceso de construcción europeo, ha sido una de la principales razones de un modelo económico de enorme éxito que transformó una economía atrasada en un polo emergente de oportunidades, enormemente flexible y dinámico, que ha proyectado su riqueza al otro lado de la Verja, zona tradicionalmente carente de oportunidades, con altísimas tasas de paro y secularmente olvidada por las administraciones españolas. Pero en mi opinión hay otro factor, igualmente importante, que subyace detrás del apoyo mayoritario a la permanencia en la UE. Esta pertenencia común tanto de Gibraltar, como de España y el Reino Unido a la UE ha contribuido a normalizar las relaciones y a facilitar los mecanismos de cooperación con su vecino e incluso, con la metrópoli. Ante la emergencia de crisis políticas, la intervención de las instituciones europeas ha contribuido a desactivar la tensión.

La necesidad de reformular los parámetros de la compleja relación España-Reino Unido-Gibraltar-UE no está siendo fácil. Sin embargo, el brexit puede servir como oportunidad para la búsqueda de un encaje normalizado de relaciones.

En relación con la posición española, parece claro que el desmantelamiento del Foro tripartito de Diálogo, marco transfronterizo que había funcionado razonablemente bien hasta 2011, no ha hecho más que empeorar la situación. El cierre del Instituto Cervantes, impulsor de la cultura española en el territorio y cara amable de nuestra administración en la Roca, ha sido un gravísimo error. Si de verdad era un objetivo de la política exterior española recuperar el territorio perdido en Utrecht, lo realizado en los últimos años por nuestro Gobierno ha contribuido a alejar ese objetivo por varias generaciones. En este sentido, el planteamiento de una propuesta de cosoberanía como única vía para que Gibraltar permanezca en la UE es un enorme error estratégico.

Y no solo por las claras deficiencias en los planteamientos jurídicos, se trata de una fórmula mal planteada en el momento menos indicado. Creo que es necesario admitir de forma clara y valiente que no se puede pretender incorporar un territorio (lo mismo respecto a una eventual separación) sin el consentimiento y la voluntad de la población afectada. El planteamiento "o eso o nada" es erróneo, puesto que ciertamente a los intereses de España le hubiera interesado un eventual estatus europeo de Gibraltar, diferenciado del Reino Unido. Y estamos empujando a todo lo contrario, a un mayor acercamiento de Gibraltar hacia él.

Es nuestra opinión que parece necesario replantearse completamente la política en relación con Gibraltar. Por supuesto, no es un tema prioritario en la agenda en un país con graves problemas de cohesión territorial, una grave crisis de gobernanza y valores, con problemas derivados de la baja calidad democrática, pero alguna vez debe abordarse de una forma madura y medianamente de acuerdo con nuestros valores democráticos. Hasta ahora no ha existido una política coherente de Estado y se han cometido muchos errores. Demasiados.

Quizás por ello, ahora en tiempos de crisis, con el brexit se ofrezca una excelente oportunidad de buscar un marco de relaciones con Gibraltar adaptado al siglo XXI, respetuoso con los intereses de todos y que busque el mutuo aprovechamiento de oportunidades y desarrollo a ambos lados de la Verja.