No es normal que las principales ingenierías del país tengan apenas el 10% de su negocio en España, pero esa es la cruda realidad. Una cifra a la que se ha llegado en parte por las continuas subastas en las licitaciones de ingeniería, pero también por los recortes de gasto público, donde la obra civil suele ser la partida más afectada. De hecho, en la última década, España redujo su inversión pública en infraestructuras muy por debajo del 2% del PIB, poniendo en riesgo el desarrollo económico del país.   

En lo que a ingeniería se refiere, durante 2016 el importe licitado total de la Administración fue un 24% inferior al de 2015. Sin embargo, tuvo mucho que ver en esta caída el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), que redujo la licitación en ingeniería un 71%. En cambio, el Ministerio de Fomento sí reactivó en buena medida el ritmo inversor y las ingenierías privadas pudieron acceder a contratos por valor total de 216 millones de euros, la cifra más alta desde 2011, aunque un 70% por debajo de la de 2007.

Precisamente, parece que en la nueva etapa del Ministerio de Fomento, con Íñigo de la Serna al frente, se avistan cambios positivos, y uno de los más notables, además del ligero aumento de la licitación, es la apuesta por la colaboración público-privada. Si no se quiere seguir poniendo en riesgo el desarrollo económico del país, pero no hay suficientes recursos públicos, es necesario buscar vías alternativas de financiación, como la iniciativa privada.

Se avistan cambios positivos y uno de los más notables es la apuesta por la colaboración público-privada

El primer paso del Gobierno fue el anuncio, en julio, del Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC), con una inversión en carreteras de 5.000 millones de euros. En el futuro, otros ámbitos de la obra civil como el ferroviario o el aeronáutico también se verán beneficiados de esta colaboración público-privada. 

Este PIC no es la panacea, pero no se puede mantener paralizada la inversión en la red viaria del país, tan importante para su crecimiento económico. Por tanto, tal como están las cosas ahora, no hay mejor alternativa que los planes de inversión conjuntos con el sector privado.

Y tampoco es la panacea para las ingenierías, ya que su trozo de esos 5.000 millones es mucho más pequeño. Apenas sirve para que las empresas españolas obtengan nuevas referencias con las que poder licitar en el exterior, lo que ha sustentado a muchas ingenierías y les ha permitido subsistir. En cualquier caso, bienvenido sea.

Por tanto, si queremos que las grandes ingenierías españolas vuelvan a trabajar en España y, en vez de tener un 10% de su negocio en su país (con el consiguiente riesgo de deslocalización), tengan al menos la mitad como las grandes ingenierías mundiales, necesitamos mucho más que un PIC.

Es un buen primer paso, pero ¿qué hacemos con los accesos a las grandes ciudades, las depuradoras que faltan por hacer, las redes de cercanías, los problemas con las inundaciones…? Y así un largo etcétera de infraestructuras pendientes que requieren de inversión, ya sea pública o mixta, e incluso de un pacto de estado en aquellas estratégicas relacionadas con el agua.