El servicio público de taxi se presta por 70.000 autónomos con licencias municipales y regulado por una tarifa pública bajo condiciones de trabajo y mercado estables. El monopolio en la movilidad no es de los taxis, es de la Administración. Cambiar este modelo público de movilidad urbana desregulando taxis y VTC en favor de multinacionales que practican elusión fiscal y precarización laboral sin prever ningún tipo de medidas de transición, reordenación y sostenibilidad, como se hizo en otros mercados, es irresponsable y supone una expropiación injusta a miles de ciudadanos. Lo barato, sale caro.