El dato es sobrecogedor. La mitad de los 8.100 municipios que hay en España está en riesgo de extinción. Quien lo aporta es la Federación Española de Municipios y Provincias, que analizó el problema de la despoblación rural en el 2017. Todos los pueblos que tienen menos de 1.000 habitantes están en esa trayectoria de desahucio, lo que plantea un gigantesco problema de estructura territorial.

No estamos hablando de algo que vaya a suceder en unas décadas, sino de lo que ya ocurre, de forma galopante, hasta el punto de que, solo en el último año, el número de municipios que baja de ese millar de habitantes ha aumentado un 10%. El campo se vacía de gente y no parece que se haya tomado la medida a las consecuencias que eso conlleva.

Es verdad que hay algunos avances significativos en términos de concienciación y que, al menos, ahora se habla y se escribe de ello, porque hasta hace bien poco la indiferencia era absoluta. En enero se cumplió un año desde aquella Conferencia de presidentes autonómicos en la que la despoblación tuvo cierto foco por las implicaciones que tiene en la financiación autonómica. Gobiernos regionales como los de Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha o Galicia, que están entre los que más sufren la despoblación en España, pusieron sobre la mesa la necesidad de contemplar los sobrecostes que conlleva el mantenimiento de los servicios públicos y las infraestructuras en los núcleos rurales menos habitados.

Se creó entonces un comisionado para el reto demográfico y estamos a la espera de que el Gobierno presente, se supone que en fecha próxima, un plan que aborde estos desafíos. Y no digo que sea lo único, pero, como casi siempre, la clave será el dinero. Fondos que permitan frenar la despoblación y estimular la repoblación, fondos que, desde el 2007 en que fue aprobada la Ley de Desarrollo Rural, han brillado por su ausencia.

Si se quiere que el medio rural resulte atractivo para las nuevas generaciones, hay que meter dinero con el fin de que sus pobladores tengan calidad de vida y pleno acceso a los servicios básicos y a la tecnología. La extensión de la banda ancha hasta el último rincón del territorio permitiría estimular el teletrabajo en un entorno natural donde hacerse con una vivienda es muy fácil. A ello habría que añadirle estímulos fiscales para que autónomos y pequeñas y medianas empresas le vieran otro color económico al campo, al margen de la clásica actividad agrícola o ganadera.

Hay que ponerle intención e interés político a esta causa y diseñar una estrategia nacional con planes integrales en los que se ha de implicar a la UE, cuyas instituciones, a pesar de no darle la importancia que merece, parecen más preocupadas por la despoblación que nosotros mismos, aun estando entre los países de Europa que más la padecen. Las ciudades necesitan al campo, y la población rural resulta indispensable para su defensa y conservación. Miles de pueblos de España agonizan y se nos acaba el tiempo para resucitarlos.