Para muchos de ustedes, la vista oral en el juicio del procés habrá sido la primera oportunidad de ver el funcionamiento de la justicia en directo.

No sería de extrañar que tuviesen cierta expectativa de ver a los fiscales preguntando "¿ordenó usted el código rojo?" (sustituya ‘código rojo’ por referéndum ilegal / obstrucción a la investigación de la Guardia Civil en la Consejería de Hacienda / uso de fondos públicos para financiar el referéndum ilegal / uso de la policía autonómica para prevenir la actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado).

En su lugar, habrán sido testigos de una actuación mucho más aburrida: unos abogados defensores que pretendían presentarse como Gregory Peck en Matar a un ruiseñor pero que se quedaban en (malos) oradores políticos –y eso que todavía no sabían que iba a haber elecciones anticipadas–.

En honor a la verdad, no todos los abogados defensores plantearon argumentos políticos; algunos intentaron formular defensas jurídicas sobre la cuestión que se les planteaba.

Una y otra vez, los hechos que se someten a juicio han sido redefinidos como "derecho a votar". Una y otra vez, los procesados han pedido, y han obtenido, privilegios que difícilmente se le concederían a un procesado que no tenga intención de convertir su día en los juzgados en un espectáculo inspirado por el juicio a O. J. Simpson: petición de testigos que en realidad deberían estar sentados en el banquillo (Puigdemont) o absurdos (el rey), evitarles el 'paseíllo' y no estar esposados, comer en la sala… Pero el nacionalismo es insaciable, como es bien sabido. Su objetivo no es el final, sino el medio.