Hace unos días asistíamos conmocionados, escandalizados, estupefactos y, diría más, asqueados a la retransmisión del interrogatorio del juicio oral al que se vio sometida la víctima de la manada de Sabadell. Doy por reproducidos aquí el tratamiento de los medios y manifiesto mi total indignación por el tratamiento mediático y el tratamiento de las redes sociales. La reiterada reproducción de la voz quebrada de la víctima ha sido, no solo contraproducente, sino totalmente irrespetuoso con la joven.

Y es que cuando ocurre un ataque a una persona vulnerable, como lo fue el linchamiento de la víctima en el juicio oral, colectivamente nos salta el resorte de un paternalismo mal entendido envuelto en un sentimiento de solidaridad. Lo denunciamos, lo criticamos, nos indignamos y lo reproducimos una y otra vez. El problema es que no nos paramos a pensar que el efecto de ello solo amplifica el daño a la víctima. Salta la noticia, nos avasalla a una velocidad de vértigo y a la misma velocidad lo olvidamos.

El problema es que no nos paramos a pensar que el efecto de ello solo amplifica el daño a la víctima

Si lo pensamos un poco, todo ello es una nueva victimización. Se victimizó a la joven en el juicio oral, también en el efecto mediático y, salvo que lo evitemos, el olvido hará que la joven se sienta abandonada por el sistema definitivamente. Inasumible en pleno siglo XXI.

Urge una respuesta, no solo de la sociedad sino del sistema judicial ante los efectos directos y colaterales que sufren las víctimas, como mínimo, en agresiones y otros delitos sexuales. No cabe juzgar a la víctima, es una victimización. Como lo es cuando se le hace rememorar, una y otra vez, los hechos ocurridos; o cuando se duda de su palabra; o se le pregunta si "está segura de lo que relata".

Urge un planteamiento diferente. La reforma de la normativa actual, que data del siglo XIX, es el primer paso. Y en ese sentido se dirige el Ministerio de Justicia con el anteproyecto de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que supone un cambio de paradigma y sitúa a la víctima en un estatus de especial protección. Especialmente vulnerable en determinados delitos que afectan a la libertad sexual.

El legislador ha de establecer un cauce especial para asegurar las pruebas, incentivar la colaboración de especialistas, y apostar por una mayor inversión pública en justicia. Todo ello fortalecería el primer testimonio de la víctima. Por otro lado, y sin ánimo de ofender, necesitamos un cambio en los operadores jurídicos. La perspectiva de género de estos es una obligación y solo desde la formación obligatoria, en los delitos de agresión sexual avanzaremos en la dirección correcta.

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El anuncio del pasado mes de noviembre del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, respecto a la incorporación del Estatuto de la Víctima, supone que, definitivamente, no se juzgue a la víctima, sino que se la proteja con derechos eficaces y efectivos. Acabar con el linchamiento procesal y mediático, así como con el olvido, es una obligación que nos debemos autoimponer de forma colectiva. La víctima necesita respuestas claras y derechos garantizados.

Desde el grupo socialista en el Congreso solo cabe una respuesta a la pregunta del título: ¡exigimos un Estatuto de la Víctima, ya! Es una corresponsabilidad de todos los grupos políticos. De todos. No cabe distracción alguna.