Desde septiembre de 2020 a 2021 los bancos han cerrado siete oficinas diarias. 20.421, según datos del Banco de España. Este cierre de oficinas ha supuesto que a finales del 2020 más de un millón de personas no cuenten con su punto tradicional de acceso a su dinero efectivo.
Miles de personas se han visto desasistidas (o excluidas) de un servicio esencial como son las entidades bancarias. O bien porque no han tenido acceso a los servicios bancarios, o porque éste ha sido deficiente.
El prescindir de este gran número de empleados no ha sido neutro. Las personas que trabajan en ellas han asumido las tareas de los que han sido expulsados del mercado laboral sufriendo una sobrecarga de trabajo. Además, en España la media que asume cada empleado es de 268 clientes. En Alemania, en cambio, no llegan a 150 clientes.
Una fotografía clara y diáfana es el reciente informe de la EAPN (European Anti Poverty Network), presentado en la jornada Inclusión financiera: ¿enfoque de derechos o aporofobia bancaria?. El informe recoge que casi la mitad de los encuestados han sufrido un gran incremento de las comisiones por los servicios de su entidad bancaria; o han visto empeoradas sus condiciones, perdiendo bonificaciones; al 20%, le han denegado abrirse una cuenta, principalmente porque no cumplen los requisitos; un 60% queda excluido debido a que sus ingresos son muy escasos y un 20% porque les hacen operar por internet y les da miedo.
Quizás es importante que recordemos. ¿Quién de nosotros no hemos visto colas de personas mayores, mujeres con niños en las puertas de las oficinas bancarias hiciera frio o calor?
Qué poca memoria tienen algunos que se olvidan de aquellos que, a lo largo de su vida, han depositado todos sus ahorros en sus cuentas bancarias. Aquellos que, con su ahorro diario, cartilla a cartilla, gracias a su nómina o pensión, acudían a las oficinas cada principio de mes donde les atendía un empleado que, en ocasiones, llegó a ser su referente y confesor. Porque la proximidad era la regla general del servicio prestado, una proximidad basada en la confianza y un valor añadido. Un idilio entre clientes y bancos que se rompió con la crisis por la venta abusiva y fraudulenta de las preferentes y que las cúpulas directivas creyeron resolver alejando a sus empleados de sus clientes. Una práctica que hoy sabemos fue, como mínimo, poco ortodoxa.
El cierre de oficinas, y el despido masivo de sus trabajadores y trabajadoras se ha visto agravado por la digitalización y ha empujado a la exclusión financiera a miles de personas. Hoy la ciudadanía ya ha expresado su rechazo a lo que consideran un abuso insostenible. Un rechazo que ha expresado el Gobierno a través de su vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quien ha exigido a los bancos la reversión de esta situación injusta.
Hace escasos días el ciudadano Carlos San Juan me entregó en el Congreso de los Diputados 600.000 firmas denunciando la exclusión financiera de miles de ciudadanos. Toda una hazaña, debido a la cual se produjo la reacción de algunas entidades financieras. Unas se afanaron a publicitar sus buenas prácticas, ahora bien, compromisos pocos.
La ciudadanía se merece otro trato por parte de los operadores económicos. De hecho, no debería ser necesario recordarles que, en algún momento de la historia, hemos tenido que salvarles colectivamente. Pronto se han olvidado de cuando el Estado salió al rescate del sistema financiero en 2008 con más de 70.000 millones de euros. Deuda, por cierto, que se nos prometió por el Gobierno del Partido Popular que sería devuelta y aún estamos esperando.
La pandemia ha puesto de manifiesto que una economía de mercado, por muy social que sea, no se regula. La intervención de los poderes públicos es imprescindible si pretendemos tener también una sociedad cohesionada. Porque en este barco estamos todos y no vale mirar hacia otro lado. Y, menos, las entidades financieras.
La nueva agenda del Consumidor desarrollada por el Real Decreto ley 1/2021 del 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios, sitúa en su centro a las persones más vulnerables. Y así como la ciudadanía “de a pie” cumple con sus obligaciones y ha soportado en muchos casos pagos de comisiones desproporcionadas, cláusulas suelo ilegales o intereses abusivos; a los bancos les corresponde cumplir y estar a la altura de las necesidades de la ciudadanía.
Es el momento de que los agentes económicos den una respuesta clara y firme y reviertan las actitudes que han llevado a excluir a millones de personas de este servicio esencial. Y que asuman unas obligaciones que, de una vez por todas, acaben con el menosprecio a la ciudadanía y reconozcan a las personas como ciudadanos de pleno derecho.
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