Acabamos de salir de un eterno ciclo electoral y en esta etapa se han multiplicado, por un lado, tajantes afirmaciones del tipo “hagamos una revolución fiscal porque todo impuesto es malo”; y, por el otro, posturas un tanto tibias que no acaban de enarbolar sin miedo un discurso necesario de pedagogía social acerca del valor y la importancia de nuestro sistema impositivo. No, en España no se pagan muchos impuestos; y sí, es necesario recaudar más.

Mientras que la presión fiscal media europea es del 41,4% del PIB, la española se queda en el 34,5%. Unos 70.000 millones de euros que no estamos recaudando, que vendrían de perlas para pagar una deuda pública que supera el 97% del PIB y que sólo puede reducirse o recortando servicios o aumentando la recaudación. Ahora bien, que haya que incrementar nuestra presión fiscal no quiere decir que haya que subir los impuestos a los ciudadanos, o, al menos, no a todos los ciudadanos.

Mayor recaudación debe ir de la mano de mayor progresividad. Es necesario reequilibrar la balanza hacia el capital y el ahorro, reduciendo el peso de la recaudación que viene de familias y personas trabajadoras. A pesar de que se reparten dividendos y las empresas crecen, en impuesto de sociedades recauda 20.000 millones menos que antes de la crisis. Además, no todas las empresas son iguales: no es de recibo que las pequeñas paguen un mayor tipo efectivo mientras que las grandes dejan de contribuir miles de millones que se pierden por los agujeros varios de la elusión fiscal.

La Plataforma por la Justicia Fiscal, la mayor red de entidades del Estado en materia fiscal que engloba a grandes sindicatos, a organizaciones de inspectores de Hacienda y a entidades como Oxfam, Attac o EAPN, tiene dos grandes preocupaciones en este momento político. La primera tiene que ver con la urgencia de formar un Gobierno lo antes posible para tomar determinadas decisiones -demasiado tiempo postergadas- que aumenten nuestra capacidad recaudatoria y mejoren la progresividad de nuestro sistema fiscal. Debemos recaudar más no sólo para pagar la deuda, si no para redistribuir ingresos a través de un reforzado sistema del bienestar. No es casualidad que recaudemos 7 puntos menos de PIB y que dediquemos 4,4 puntos menos a protección social en un país con 4,2 millones de personas en pobreza severa. No es casual tampoco que recaudemos menos y 30.400 personas dependientes estén esperando a ser atendidas.

La segunda de nuestras preocupaciones tiene que ver con la flagrante irresponsabilidad política con la que se habla y se demoniza a los impuestos.

Las decisiones en política pública se toman en función de los fondos disponibles y no existe evidencia de ningún tipo que haga cierta la máxima de que bajar impuestos siempre activa la economía y acaba, por tanto, aumentando la recaudación (curva laffer). Los cantos de sirena que prometen que menos impuestos redundarán en familias trabajadoras con más ingresos, suelen ser el bonito envoltorio de un regalo envenenado formado por recortes de gasto social y beneficios fiscales desproporcionados para quien más tiene.

Además, y aún más importante, las declaraciones públicas de los líderes políticos sobre los impuestos deberían reconocerles su relevancia como representación de los valores de una sociedad: ¿queremos ser un país del sálvese quien pueda, o un Estado de derecho que, como reza nuestra Constitución, nos haga libres e iguales?. ¿Qué elegimos: impuestos o la ley del más fuerte?