Baltasar Garzón ha demandado al Tribunal Supremo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violación del principio de independencia judicial en el proceso abierto contra él por un supuesto delito de prevaricación en el caso de los crímenes del franquismo.

El magistrado, suspendido provisionalmente de sus funciones en la Audiencia Nacional, está representado por Interights, una organización establecida en Londres y especializada en litigios internacionales sobre casos de derechos humanos.

Según ha informado esta organización, la demanda fue presentada el jueves con el fin de "reivindicar el derecho del juez Garzón a desempeñar sus obligaciones sin miedo a la persecución judicial". El juez alega que el tribunal deja "indefensas a las víctimas".

El juez Garzón alega, entre otras cuestiones, que el procedimiento que se sigue contra él por investigar los crímenes del franquismo viola varias de las obligaciones españolas según el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entre éstas cita la obligación de proteger la independencia judicial y a los individuos de procedimientos penales sin fundamento.

"En concreto, el caso pone de manifiesto las violaciones de la obligación de no someter a los individuos a procesos penales injustos 'per se', de someter a personas a procesos sólo sobre la base de normas penales claras y estrictamente aplicadas y de respetar la vida personal y el desarrollo profesional de los individuos y sus derechos a expresar opiniones judiciales", señala.

Añade que "la normativa internacional en materia de independencia judicial impide el enjuiciamiento de los jueces por sus decisiones judiciales a fin de preservar su independencia". Otro de los argumentos que esgrime en su demanda es que "la opinión de que las amnistías y la prescripción no se aplican a delitos graves en virtud del derecho internacional, incluidos los crímenes contra la humanidad, cuenta con un apoyo generalizado en todo el Derecho y la práctica internacionales".

Por lo tanto, agrega el texto, la interpretación del juez Garzón no se puede calificar de arbitraria o irrazonable, sino que "está avalada por muchos otros tribunales y organismos tanto en el ámbito nacional como en el internacional". El Supremo tiene paralizado este procedimiento hasta que se resuelvan las recusaciones que el juez ha promovido contra cinco de los siete magistrados del Alto Tribunal que le juzgarán, mientras que la fecha del juicio aún no ha sido señalada.

Por otra parte, Garzón trabajará como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA), confirmó una fuente del organismo interamericano.

La misma fuente aseguró que Garzón comenzará su cometido "cuanto antes" y que ahora están en curso "conversaciones" con el juez para precisar los términos y los detalles de su nuevo cargo. La misión de la OEA en Colombia se creó en febrero de 2004 mediante una resolución y tras un acuerdo firmado un mes antes entre el Gobierno colombiano y el organismo interamericano.