El Ayuntamiento de Alhendín (Granada) ha defendido la legalidad con que ha gestionado los fondos del Plan E y ya ha remitido a la Fiscalía Provincial de Granada la documentación requerida para esclarecer si se produjo un desvío irregular de este dinero para pagar una obra ya ejecutada.

Esta situación se produce después que el Ministerio Fiscal haya abierto diligencias de investigación, a raíz de una denuncia del PP, para esclarecer el uso dado a estos fondos por considerar que este supuesto desvío puede ser constitutivo de un delito de prevaricación.

En un comunicado, Gamarra ha criticado "la demagogia del PP", un partido que "fue cómplice de todas las irregularidades penales de la trama del caso Marchelo" y ahora "busca sacar beneficio político y electoral de un hecho de carácter administrativo y sin relevancia penal", añade.

"El equipo de gobierno municipal no tiene problema en poner los documentos que sean necesarios sobre la mesa, mientras que los populares tratan de desviar la atención poniendo en tela de juicio procedimientos, lo cual denota la falta de conocimiento en dichos asuntos", ha concluido Gamarra.

Concretamente, se trata del supuesto desvío de 50.000 euros desde la cuenta corriente abierta para los fondos del Plan E a otra cuenta destinada a pagar a la empresa adjudicataria de la instalación del césped artificial" en el campo de fútbol. Esta es una obra ya culminada y la ley sólo permite destinar estos fondos a obras en ejecución, según ha relatado en rueda de prensa el portavoz del PP en Alhendín, Francisco Rodríguez.

El PP también ha denunciado a Gamarra por un supuesto delito de malversación de fondos por haber invertido presuntamente 86.000 euros del Fondo Estatal de Inversión Local (FIL) a "remodelar" un local que no es de titularidad municipal, sino que pertenece a la mercantil Frai Desarrollos Inmobiliarios, aunque esto no será investigado por el Ministerio Fiscal.

Pese a ello, el PP ha denunciado ambos asuntos ante el Juzgado de Instrucción de Santa Fe (Granada), acusando al regidor socialista de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.