El juez determinó además que el presidente de la filial boliviana de Repsol YPF, el español Julio Gavito, y su gerente de operaciones, el argentino Pedro Sánchez, no podrán salir del país y tendrán que presentarse una vez al mes ante los fiscales que los acusan de contrabando de petróleo.

Declaración voluntaria

Según fuentes judiciales, el martes los dos directivos se presentaron "voluntariamente" a declarar ante la fiscalía de la ciudad oriental de Santa Cruz, tras lo cual fueron detenidos.

La declaración de los directivos sucedió casi una semana después de que el fiscal Álvarez y sus colegas José Centenaro y Abel Cornejo irrumpieran, con una veintena de policías, en las oficinas de Andina en Santa Cruz para detenerlos y trasladarlos a la Aduana a testificar.

Según RTVE, sobre los detenidos pesaba una orden de arresto en el momento de su captura por no haber declarado cuando se les solicitó y habían permanecido cinco días en paradero desconocido.

La fiscalía investiga a Gavito y a Sánchez por la supuesta venta irregular de crudo por valor de 9,2 millones de dólares (7,7 millones de euros), presuntamente cometida por Andina entre junio de 2004 y julio de 2005, a raíz de una demanda presentada el mes pasado por la Aduana.

Al respecto, el representante legal de Repsol YPF Abel Montaño dijo a los periodistas que "la empresa está proporcionando toda la información, estamos trayendo a los ejecutivos, como nos ha pedido el Ministerio Público".

Por su parte, el PP ha anunciado que pedirá la comparecencia en el Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para que dé explicaciones sobre la detención de los ejecutivos.

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