La ministra de Sanidad, Leire Pajín, mantendrá reuniones con las fuerzas políticas y también con los medios de comunicación para estudiar una posible prohibición de los anuncios de prostitución de la prensa escrita, como ha recomendado el Consejo de Estado.

Pajín, en los pasillos del Congreso, ha afirmado que la prohibición o limitación de los anuncios de contactos tiene que abordarse de "forma consensuada" tanto con los grupos parlamentarios como con las empresas periodísticas.

20 minutos fue el primer medio español en vetar en sus páginas ese tipo de anuncios, en febrero de 2007; una medida a la que se sumaron después diarios como Público o La Razón..

El Consejo de Estado, en su informe hecho público este lunes, señala que la autorregulación de la publicidad de la prostitución en España ha sido "baldía" y "manifiestamente insuficiente", por lo que opina que "hay fundamentos" para establecer "medidas limitativas", entre ellas su prohibición.

Por su parte, el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, ha considerado que prohibir los anuncios de contactos "pueden influir de manera definitiva" en la lucha contra la violencia de género, puesto que el agresor "deshumaniza el objeto de la violencia", que es la mujer, y a ésta en ese tipo de publicidad se la presenta con una imagen "deshumanizada".

Así las cosas, Lorente ha manifestado que la prohibición de estos anuncios "refuerza todo lo que sea avanzar en igualdad y cuestionar los elementos y referencias que se han levantado sobre la desigualdad".

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) también se ha pronunciado sobre las recomendaciones del Consejo de Estado. Ha reiterado que la legislación actual permite regular los anuncios de contactos sexuales y ha mostrado su desconfianza a la posibilidad de recurrir a la autorregulación como medida para restringir los anuncios de prostitución.

La AUC entiende que la Ley General de la Publicidad prevé la posibilidad de someter a normas especiales las comunicaciones comerciales sobre determinados bienes y servicios cuando la protección de valores y derechos constitucionalmente reconocidos así lo requiera, incluyendo la posibilidad de establecer su autorización previa.

A juicio de la AUC, esta norma permitiría, por ejemplo, prohibir en los anuncios de contactos el uso de determinadas expresiones e imágenes, limitar su tamaño y formato o restringir su presencia en determinados soportes o páginas menos accesibles, entre otros.