El consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, ha presentado ante el Ministerio de Justicia su petición de indulto al Gobierno por la condena a tres meses de prisión e inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo por un delito de acusación falsa cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto cuando era presidente de la entidad, según confirmaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

Los otros dos condenados con la misma pena, el antiguo ejecutivo de Banesto y actual director general de Caja Rural de Ciudad Real, Miguel Ángel Calama, y el abogado Rafael Jiménez de Parga también han presentado sus respectivas peticiones de indulto y preparan los recursos ante el Tribunal Constitucional, según las mismas fuentes.

A la vez, Sáenz ha solicitado a la Audiencia Provincial de Barcelona, que juzgó el caso, la suspensión de la ejecución de la sentencia mientras se resuelva el indulto solicitado. El tribunal todavía no se ha pronunciado, según las mismas fuentes.

La ejecución del fallo también tendrá que esperar a la resolución del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que está en proceso de redacción, ya que la defensa de Sáenz cuenta con 30 días para presentarlo desde la notificación de sentencia, el pasado 10 de marzo, según las mismas fuentes.

Respecto al indulto, el Ministerio de Justicia tendrá ahora que solicitar a la Audiencia Provincial de Barcelona un informe para que emita su opinión, antes de remitir la decisión al Consejo de Ministros, cuya decisión final se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las mismas fuentes explicaron que no existe un plazo fijo de resolución del indulto, pero que prevén un dictamen favorable por parte del Gobierno en los próximos cinco meses.

Tras conocer la sentencia del Supremo, el consejo de administración del Banco Santander confirmó a Sáenz en su puesto de consejero delegado, según comunicó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rebajó en tres meses la condena de cárcel impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona en diciembre de 2007 al ex presidente de Banesto y a los otros dos condenados, al estimar parcialmente sus recursos de casación.

La actuación de Sáenz que motivó la condena se produjo al presentar Banesto una querella por estafa contra Pedro Olabarría y Luis Fernando y José Ignacio Romero para la recuperación de un crédito de 600 millones de pesetas al Grupo Harry Walker, que nunca le fue devuelto a Banesto.