El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado, con los votos en contra del PSOE-A y el apoyo de IULV-CA, la creación de una comisión de investigación, a petición del PP-A, sobre la gestión por parte de la Consejería de Empleo y el Servicio Andaluz de Empleo, en el ámbito de sus competencias, de los programas de formación profesional para el empleo en los años 2006 al 2010, hasta la fecha, vinculada con el caso de las irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), tramitados por el Gobierno andaluz.

Ésta ha sido la tercera comisión de investigación en relación a los ERE, a propuesta del PP, rechazada ante el Pleno de la Cámara. Si bien, esta última ha sido planteada a raíz de la dimisión del que fuera vicesecretario general del PSOE-A y diputado andaluz Rafael Velasco, tras la polémica generada en torno a las ayudas de la Junta para la formación concedidas a la empresa de su esposa y que ascendían a más de 700.000 euros.

El diputado del PSOE-A Juan Antonio Cebrián ha justificado la negativa de su formación a la creación de la comisión de investigación argumentando que el PP-A no busca el esclarecimiento de la verdad ni la depuración de responsabilidades políticas, sino que lo que pretende es trasladar a la Cámara andaluza "su campaña permanente de difamación y mentiras" en relación con las irregularidades detectadas en los ERE.

Tras asegurar que el Gobierno andaluz está "firmemente comprometido" con la lucha contra la corrupción, "caiga quien caiga y cueste lo cueste" y que está actuando de manera "contundente", ha criticado la "doble moral del PP" por exigir comisiones de investigación en algunos lugares y rechazar la celebración de éstas en otros, poniendo como ejemplo a Madrid, Valencia o Castilla y León.

Asimismo, ha querido dejar claro que no se van a amparar ni a proteger a quienes hayan cometido irregularidades, pero que tampoco se va a permitir que paguen "justos por pecadores". "El PP, más que exigirnos responsabilidades en este caso y sacar pecho ante la corrupción, debería dar ejemplo allí donde gobierna y no nombrar candidato a la Presidencia de la Comunidad de Valencia a una persona que está imputada", ha dicho Cebrián en relación a Francisco Camps.

En su defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A y secretario general de la formación, Antonio Sanz, ha considerado que "no puede ser una casualidad" que las personas denunciadas como "infiltrados" en los ERE tengan "relaciones familiares directas" con personas vinculadas a las empresas de formación que imparten cursos a los trabajadores de esos ERE.

Se ha preguntado por qué el PSOE-A se ampara para rechazar la comisión de investigación en que los 'populares' ya tienen establecidas las conclusiones de la misma. "Los socialistas tienen la mayoría para imponer las conclusiones de la comisión, por lo que no entendemos qué miedo tienen a que el Parlamento investigue sobre esta materia", ha señalado el 'popular'.

Sanz, que se ha mostrado convencido de que la mayoría de los socialistas son personas honradas, ha dicho que el problema radica en que la "corrupción" está instalada en la Consejería de Empleo, por lo que al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "no le queda más remedio que dimitir". "Griñán supo, conoció y permitió lo que estaba pasando", ha señalado el dirigente del PP-A, quien ha pedido a los socialistas que dejen de mirar al resto de la geografía y respeten a los parados.

Finalmente, el coordinador general de IULV-CA y portavoz parlamentario, Diego Valderas, ha considerado que la actuación de la justicia deja en evidencia que este caso está adquiriendo una dimensión más grande "cada día que pasa", motivo por el que, a su juicio, se hace "imprescindible" la creación de una comisión de investigación, "que dé higiene a la democracia y establezca responsabilidades políticas".

"Sin la existencia de comisiones de investigación, las responsabilidades políticas no van a ser asumidas en su totalidad", ha afirmado Valderas, quien ha apuntado que "cuando la corrupción entra por la puerta de la Administración, la democracia no puede salir huyendo por la ventana". Por ello, ha pedido al Gobierno andaluz que exija las dimisiones pertinentes a quienes son "claramente responsables".