La Coalición Bloque por Asturies-UNA, ha mostrado a través de su portavoz en Gijón Daniel Fernández, la preocupación por las prácticas de especulación pública que supone la aprobación por parte de la Cuota del Plan Especial de Jove.

Daniel Fernández ha señalado que "sin discutir la legalidad de la recalificación de la zona de Jove para eliminar la protección paisajística y así permitir la urbanización de la zona, es de dudosa moralidad ya que los constructores interesados ya tenían comprado el terreno antes de mencionada recalificación" y comentó que es de "una ingenuidad increíble pensar que los constructores compren terreno si creen que no van a poder construir en el mismo".

Desde la coalición también han afirmado que "la política de especulación pública en materia de vivienda realizada por el Ayuntamiento ha sido ratificada por el Principado a través de la Cuota" ya que "las viviendas que se presenta como de protección oficial, realmente lo que trata es de garantizar un precio mínimo para los constructores, ya que al estar dentro de la zona de influencia de la Regasificadora así como por la evolución del mercado de vivienda, los precios protegidos de venta serán superiores a los de mercado".

Así Daniel Fernández ha negado el carácter social de la medida ya que "no podemos dejarnos engañar por la denominación de vivienda protegida, porque en este caso debería usarse el de precio de venta garantizado para los constructores" por lo que reiteró que "la supuesta política social que quieren vender detrás de esta actuación, no es más que una mera justificación a un pelotazo urbanístico de primer orden sustentado en la especulación pública del suelo".

Finalmente la Coalición BA-UNA ha recordado que "con un PGO anulado judicialmente y una reforma del mismo con numerosas dudas sobre su legalidad, el Ayuntamiento y el Principado deberían esperar a que la herramienta urbanística de la ciudad estuviera en vigor para garantizar la lógica y la correcta ordenación del territorio" pero estas prisas "son más típicas del que necesita que no se sepa mucho de la actuación para no tener que explicar porque constructores invirtieron en terrenos no urbanizables, y ahora pueden construir viviendas cuyo precio garantizarán las Administraciones Públicas" ha concluído Daniel Fernández.