El secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, Justo de Benito, ha asegurado que la normativa sobre vertederos "se está cumpliendo estrictamente, al menos desde 2009", en la Sociedade Galega do Medio Ambiente, pues "ciertamente hubo clarísimos incumplimientos, pero eso corresponde a años anteriores", aunque ha matizado que el tratamiento que se da a los residuos que llegan a Sogama "no es óptimo", para lo cual "se ha hecho el Plan de Xestión de Residuos Urbanos".

De este modo, De Benito ha remarcado que la construcción de la planta de pretratamiento de residuos en Areosa no se ha realizado por motivos técnicos —"es un terreno que no tenía la estabilidad necesaria"— y económicos, ya que "era una huida hacia adelante". Así lo ha apuntado en la Comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, en la que el Grupo Parlamentario Socialista ha preguntado al Gobierno gallego por el despido de la empresa Danigal de 32 personas "vinculadas" a Sogama.

En la cuarta vez que se lleva al Parlamento la cuestión sobre los trabajadores de Danigal, De Benito ha subrayado que "a pesar de los esfuerzos realizados" para encontrar una solución para estas personas despedidas, "lo cierto es que no se ha conseguido hasta el momento ningún acuerdo al respecto". En este sentido, ha censurado que "hay una clara división" en las centrales sindicales en Sogama, al tiempo que ha subrayado que a la actual huelga "están acudiendo entre cuatro y seis trabajadores" de una plantilla "que llega a 500" personas.

Junto a esto, para garantizar complementar los modelos alternativos a Sogama, Benito ha afirmado que "respecto de O Barbanza, esto no es difícil porque la planta funciona adecuadamente", pero ha cargado contra la planta de Nostián como "un ejemplo de fracaso absoluto de sistema de gestión de residuos".

Por su parte, la diputada socialista Carmen Gallego ha criticado que el Gobierno gallego "no puede poner" en la política de gestión de residuos "la política económica por encima de la primacía ambiental", al tiempo que ha acusado a los técnicos encargados de evaluar la posibilidad de la creación de una planta de pretratamiento de "ser muy allegados a su ideología política —al PPdeG—".

Así, Gallego ha recriminado a la Xunta "el fracaso" de Sogama, y ha censurado que el Ejecutivo autonómico "escape" al no decir dónde se instalará la planta de residuos del sur de Galicia "porque si fuera un proyecto tan bueno supongo que se lo presentaría a los ciudadanos antes de concurrir a las elecciones municipales para que les diese votos".

"todas" alegaciones pol contestadas

Por otra parte, en la Comisión 2ª, el director xeral de Sostenibilidade e Paisaxe, Manuel Borobio, ha asegurado que se han contestado a "todas" las alegaciones presentadas a la redacción del Plan de ordenación do litoral de Galicia durante el periodo de información pública para su aprobación inicial.

Según ha afirmado, en total ha habido 4.609 preguntas y 3.600 de ellas eran "idénticas", lo que da lugar "a 1.009 alegaciones", de los que 60 han sido de ayuntamientos —sólo se ha desestimado en su totalidad una propuesta— 81 de organizaciones, 138 de empresas y 730 de particulares —de las que se han desestimado en por completo 147—.

A una pregunta del Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego sobre los datos relativos a las alegaciones y el plazo previsto de respuesta, Borobio ha remarcado que la web de la Consellería de Medio Ambiente ha recibido más de un millón de visitas con 16 gigas de descarga diarios.

Ante la cuestión planteada por los nacionalistas, Borobio ha asegurado que las contestaciones a las alegaciones particulares no se ponen en la página web debido a "un principio de cautela" en relación con la Ley de protección de datos.

Así, la diputada nacionalista Teresa Táboas ha recriminado a Borobio "estar en un mundo feliz" mientras que en Galicia existe un territorio "totalmente dañado", y ha exigido que "continúe" la comisión de Ordenación de Directrices do Territorio.

No invitación alcaldes

En la Comisión 2ª de Ordenación Territorial, la diputada socialista María del Carmen Cajide, ha preguntado a la Xunta por las razones para la no invitación a los alcaldes socialistas de Caldas de Rei y Moaña a la visita del delegado territorial de Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, a las obras de reforma de la carretera PO-221, a lo que el director Relacións Institucionais e Parlamentarias, Roberto Castro, ha respondido que "no era una visita institucional".

De este modo, Castro ha asegurado que la visita se produjo tras una invitación de "los vecinos", y ha defendido la presencia del presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, acompañado por candidatos populares de la zona porque "estaba por allí", al tiempo que se ha escudado en su "libertad de movimientos". "Que no invitaron al señor alcalde y sí al presidente de la Diputación, pues por algo será", ha sentenciado.

Sobre el carácter institucional o no del encuentro, Cajide ha replicado a Castro al enseñar una fotocopia de la página web oficial de la Xunta correspondiente a la visita de Cores Tourís, a la vez que ha acusado a Louzán de ser "el director del acto" y "faltar al respeto" y "despreciar" a los gobiernos municipales.

CONTRATACIÓN

También en la Comisión 2ª, el Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego ha preguntado sobre la contratación de un alto cargo de la Autoridad Portuaria de Ferrol Juan José Rodríguez Pita, quien antes había sido despedido tras la apertura de un expediente disciplinario.

Una polémica en la que el Gobierno gallego ha señalado que las competencias de la Autoridad Portuaria corresponden al Gobierno central, por lo que no se trata de un empleado dependiente de la Xunta, aunque ha de ser ratificado por la Consellería do Mar.

Así, la diputada nacionalista Ana Luisa Bouza ha criticado que se aplique "un diferente código ético" para compañeros de partido —en referencia a Rodríguez Pita— que para las mariscadoras, mientras que se ha referido a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en la que ve una "infracción clara" del trabajador y aboga por la rescisión de su contrato.

En otro orden de cosas, el Grupo Parlamentario de los Socialistas gallegos ha preguntado por los trabajos de mejora de la carretera AC-556 Narón-Cedeira, así como el destino de las consignaciones presupuestarias del tramo Narón-Valdoviño, al tiempo que ha pedido un cronograma para esta vía.

Una cuestión sobre la que el Gobierno gallego ha coincido en la "necesidad" de mejorar esta vía, aunque ha remarcado que "avanzar plazos no sería muy fiable", por lo que se ha remitido a los tiempos marcados por el Plan Move.