El Congreso convalidó este jueves el decreto-ley con la reforma de las políticas activas de empleo y aprobó su tramitación como proyecto de ley para que los grupos políticos puedan introducir enmiendas y mejorar el texto.

Sólo los grupos parlamentarios del PSOE y CiU apoyaron su convalidación mientras que los del PP, PNV, ERC-IU-ICV se abstuvieron, y los únicos partidos que votaron en contra fueron el BNG y UPyD.

Con la convalidación de este jueves se completa la reforma de las políticas activas de empleo, ya que el pasado 11 de febrero se aprobó otro real decreto con un plan de choque para impulsar la contratación a tiempo parcial y un programa de recualificación para los desempleados, que incluye una ayuda de 400 euros.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui subrayó que la reforma aprobada hoy es fruto del pacto económico y social que el Gobierno firmó con los agentes sociales y se ha consensuado con las comunidades autónomas. Sin embargo, para la diputada del PP Carmen Álvarez el decreto es un "galimatías jurídico y legislativo" e introduce "inseguridad jurídica".

Carles Campuzano de CiU valoró que se da a las comunidades autónomas la capacidad de desarrollar y establecer sus propias políticas activas de empleo, aunque cree que se deben mejorar aspectos en materia de autónomos y discapacitados.

La diputada de UPyD Rosa Díez la rechazó porque no se ha contado con la Cámara Baja y dijo que se invierte mucho en subvencionar al parado y no en crear empleo. También Olaia Fernández (BNG) votó en contra porque limita las competencias de las comunidades autónomas y se pierde la oportunidad de resolver problemas como la formación continua.

Gaspar Llamazares, de IU-ICV, valoró la importancia de las políticas activas, aunque se mostró escéptico respecto al marco en el que se desarrollan, ya que parece una "socialización" de las pérdidas y una "privatización" de los beneficios.

Su socio de grupo parlamentario Joan Tardá (ERC) reclamó que las transferencias de las bonificaciones a las contrataciones las gestionen las comunidades, como se ha hecho con el País Vasco. El PNV justificó la abstención porque, según su portavoz Emilio Olabarría, la política de empleo en España es centralista.

Según la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, hoy es un día muy importante y de "especial satisfacción" para el Gobierno porque los desempleados podrán beneficiarse de nuevos derechos "para prepararse para la vuelta al mercado de trabajo".

Rodríguez dijo que la tramitación del decreto-ley, que entra en vigor inmediatamente después de ser convalidado, durará unos dos meses. Este real decreto fue aprobado el 18 de febrero en Consejo de Ministros y contempla, entre otros aspectos, la creación de un fondo de reserva para proporcionar capacidad de respuesta en el futuro ante situaciones de fuertes aumentos del paro.

Además, el Gobierno pretende con esta reforma que en 2013 todos los desempleados tengan acceso a un técnico de empleo que les oriente en el diseño de un itinerario personalizado para así facilitar su vuelta al mercado laboral.