El ingeniero industrial Luis Simal Domínguez, funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Comunidad Autónoma de Aragón, es el nuevo director del Servicio Provincial de Industria en Zaragoza, en sustitución de Francisco Javier Hualde, que ha sido cesado por figurar entre los imputados en la 'Operación Minas' por presuntos delitos de corrupción.

En un breve encuentro con los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento autónomo, el consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha explicado que ha solicitado al juez las identidades de los otros seis imputados, funcionarios de su Departamento para tomar cualquier medida "de cautela" necesaria.

"No tengo sospecha" sobre ningún funcionario, ha proseguido el consejero, quien ha expresado que "estamos hablando de presunciones" y ha subrayado que "las personas tienen sus derechos". Arturo Aliaga ha afirmado que la colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) es "continua".

Arturo Aliaga ha solicitado comparecer en las Cortes para dar cuenta de todas las actuaciones llevadas a cabo. El consejero ha señalado, asimismo, que es preciso que la actividad del Departamento "no se vea ni un minuto interrumpida".

Francisco Javier Hualde y otras 12 personas, entre ellas, cinco funcionarios más del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón están imputados como presuntos autores de sendos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas para funcionarios.

El inicio de las actuaciones tiene su origen en mayo de 2006, a raíz de una denuncia cursada ante el consejero Aliaga por un ingeniero que trabajaba en una empresa privada, alertando de la existencia de posibles irregularidades en la sección de Minas.

La denuncia partió de un ingeniero industrial, quien denunció a un funcionario de Minas del Departamento, quien condicionó la aprobación de un expediente a que este ingeniero despidiera al director de explotación de una mina. Dicho funcionario fue suspendido de empleo y sueldo durante seis meses

El Departamento de Industria abrió una investigación que concluyó con la constatación de que unos 50 expedientes de un total de 200 estaban manipulados.

En el año 2008 se dio traslado a la Fiscalía de todos los informes realizados por los propios órganos de control de la Diputación General de Aragón (DGA), dependientes de la Dirección General de Minas y de la Secretaría General Técnica del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, en los que se ponían de manifiesto las irregularidades detectadas, más allá de la mera responsabilidad administrativa, tras la inspección de diversos expedientes mineros, que afectaban tanto en materia minera, como medio ambiental y de seguridad laboral.

La investigación ha corrido a cargo del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial en Zaragoza, y ha contado con la colaboración de la Diputación General de Aragón. Figuran como imputadas un total de 13 personas, entre ellas, seis funcionarios, tres familiares director de Francisco Javier Hualde y cuatro empresarios del sector minero.

El Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza se encarga del caso. El consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha anunciado que va a pedir al Consejo de Gobierno la correspondiente autorización para que su Departamento pueda personarse como acusación particular.