Los trabajadores del Centro Ocupacional Magerit y del Centro de Atención a Discapacitados Psíquicos de Arganda van a seguir manteniendo su encierro después de que los representantes sindicales hayan salido insatisfechos de la reunión mantenida este miércoles con el Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid, según ha confirmado el representante de UGT, Francisco Jiménez.

Según Jiménez, en ese encuentro, el representante del Gobierno regional se ha mantenido en una postura "inamovible" después de que este martes les anunciara el cierre de éste y otros dos centros de discapacitados en un plazo de 48 horas. Es más, este representante sindical ha informado de que ya han empezado a entregarse cartas a las familias, "que están abatidas porque van a cambiar a gente que lleva 20 años allí" e incluso a "parejas" que hay entre los usuarios.

De ahí que, "en principio", vayan a seguir adelante con su encierro. "Esperamos la suma de todos", ha solicitado Jiménez, que ha insistido en la necesidad de que la Comunidad de Madrid comprometa la continuidad del centro y que tanto los usuarios como los trabajadores serán trasladados de forma conjunta.

Por su parte, un miembro del Comité de Empresa del Centro de Atención a Discapacitados Psíquicos de Arganda -donde también ha habido encierro esta noche-, Filomena Cuevas, ha explicado que van a mantener el encierro y que se van a concentrar a las 18 horas de esta tarde a las puertas del centro. Los centros afectados por estos cierres son el propio Centro de Atención a Discapacitados Psíquicos de Arganda y los centros ocupacionales Fray Bernardino y Magerit.

UGT-Madrid ha emitido también un comunicado en el que ha exigido "garantías al Gobierno Regional" en cuanto a la reapertura, a la mayor brevedad posible, de los tres centros ocupacionales de personas con discapacidad y ha recordado que hace más de cinco años denunció a la Comunidad de Madrid "por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el pésimo estado en el que se encontraban los centros".

"De forma precipitada, haciendo alarde de las peores dotes de gestión, la Comunidad de Madrid, después de un quinquenio, pretende trasladar a estas personas a una residencia ubicada en Carabanchel, destinada al cuidado de ancianos. El Gobierno regional pretende, literalmente, echar a estas personas de la tercera edad para realojar a aquellas otras procedentes de los otros centros", han asegurado.

Además, han puesto de manifiesto que "se da la paradoja de que una residencia ya rehabilitada en el barrio de San Blas se encuentra incomprensiblemente sin utilizar, aplazada sine die su apertura por motivos que se desconocen, imputables en todo caso a una pésima gestión".

Por su parte, fuentes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid han insistido en que los puestos están garantizados y en que se ha seguido el criterio de la cercanía a la hora de trasladar a los usuarios.

Además, han señalado que, al saber de los desperfectos de algunos de estos centros a finales de febrero tras un informe que se realizó para hacer la reforma, se ha decidido su traslado "con la máxima celeridad" buscando el objetivo de "garantizar su seguridad". "Tanto la de los usuarios como la de los trabajadores", ha asegurado un portavoz de la Consejería.