Daniel Ponce, antaño director adjunto de la sociedad mixta Mercasevilla e imputado en tres de las líneas de investigación incoadas en torno a esta empresa por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, ha formulado una demanda de conciliación previa a una posible querella por injurias contra Antonio Pardal, socio mayoritario de la sociedad mercantil 'Larena 98', a cuenta del contenido de una entrevista publicada en la prensa. Ponce, como se recordará, había declarado ante la juez Alaya que desde el Ayuntamiento hispalense le fueron concedidas adjudicaciones a cambio de rescindir el contrato de superficie del que gozaba sobre los suelos del mercado central de abastos.

El abogado que representa los intereses de Daniel Ponce, Simón Fernández, ha informado a Europa Press de que, a través de la vía civil, su cliente promueve una demanda de conciliación previa a la formalización de una querella por injurias contra Antonio Pardal, a cuenta del contenido de la entrevista publicada el pasado 20 de febrero por el rotativo 'ABC'. En aquella entrevista Pardal aseguraba que Ponce, entre otros, tenía "línea directa" con el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín y la cúpula socialista y también que le ofreció un contrato relativo a una estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para que desistiese de sus iniciativas en los terrenos del mercado central.

Daniel Ponce, de otro lado, promueve un recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Social número cuatro que ha desestimado su demanda contra la decisión de la actual directiva del mercado central de abastos de Sevilla de denegar su adhesión al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, incluido en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en cuanto al posible delito societario perpetrado supuestamente por Fernando Mellet y Daniel Ponce en la gestión de la compañía.

La sentencia del Juzgado de lo Social número cuatro, fechada el 31 de enero y recogida por Europa Press, considera como hechos "probados" que el mercado central de abastos ha denegado la prejubilación a Daniel Ponce y a "12 trabajadores más" alegando "la contabilidad y la situación económica empresarial", porque desde el 17 de octubre de 2008, fecha en la que el comité de empresa y la directiva de Mercasevilla materializaron la última tanda de adhesión al expediente de regulación de empleo de 2007, ambas partes no habrían alcanzado nuevos acuerdos en cuanto a nuevas prejubilaciones.

A tal efecto, el fallo advierte de que el plan de prejubilaciones asociado al ERE de 2007 "no es más que un contrato" y, como tal, sus actos requieren del "concurso y voluntad de ambas partes". A tal efecto, la sentencia ve legítima la negativa de Mercasevilla a denegar a Daniel Ponce su adhesión al procedimiento aunque "en otro momento determinado en que la situación de la empresa lo permitía, tras la mera solicitud del trabajador aquella procedía a la extinción de los contratos".

Pero de cualquier manera, "desde el momento en que una de las partes manifiesta su negativa, no existe obligación de suscribir el contrato o plan de prejubilación, ni por lo tanto acogerse al ERE", extremo también por el que el fallo descarta una "discriminación" de la sociedad mixta hacia Ponce o una vulneración de sus derechos fundamentales, sobre todo porque "desde 2009 en adelante, se ha venido denegando solicitudes no solo del actor, sino de otros trabajadores".

Ponce, entretanto, permanece en la compañía como trabajador de los servicios generales gracias a la sentencia del Juzgado de lo Social número once que declaraba nulo su despido previo.