El secretario general de Unións Agrarias (UU.AA.), Roberto García, ha considerado que "empieza a tener gravedad" que miembros del Gobierno de Galicia y del PPdeG mantengan una acusación "falsa" sobre una supuesta desviación de fondos en el sindicato, pese a que "no hay ni una sola prueba de ello".

"El presidente de la Xunta, de forma concreta, y el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, de forma específica, saben desde hace dos años, cuando llegaron al Gobierno, que no existe tal trama agraria", ha dicho García en una entrevista a Radio Nacional de España recogida por Europa Press, en la que ha apuntado que "los jueces empiezan a ser conscientes de que lo que está existiendo es una trama del PP para crear artificialmente una acusación que no se sostiene".

"Tienen toda la documentación oficial de cuánto dinero y de dónde fue a parar, peseta a peseta. Los directores xerais imputados declararon por escrito y de forma personal que no hubo desvío de una sola peseta", ha señalado el responsable del sindicato agrario, que ha recordado que se hicieron tres inspecciones en el sindicato. "Después de todas estas investigaciones no hay ni una sola prueba de que haya habido desvío de un solo euro ni a PSOE ni a UU.AA.", ha sostenido y ha indicado que insistir en la acusación "puede tener repercusiones penales".

Preguntado acerca de si exigirán responsabilidades, García ha manfiestado confiar "plenamente" en la Justicia y que, si UU.AA. no se ha opuesto a las inspecciones ni ha impedido el acceso a documentos es para que no haya "la más mínima duda" de que no hay "nada que ocultar". "Después de dos años de abusar de la información y el poder que se tiene en la Xunta, violando todos los derechos de presunción de inocencia e inviolabilidad de domicilios sin tener ninguna prueba creo que habrá que pasar de una trama agraria a otro tipo de trama y alguien tendrá que responder de todo eso, pero cada cosa a su tiempo", ha expuesto.

Así, ha mostrado su voluntad de dejar avanzar la causa judicial y "con acciones judiciales proceder a reparar el nombre de UU.AA.". En este sentido, ha afirmado que "hay tres acusaciones de calibre grueso de Miranda —en alusión al portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda— y Rueda sin aportar un solo documento".

Además, ha censurado que, pese a no haber aparecido "pruebas" contra la organización sindical, algunos medios de comunicación "compren" esta acusación. "Los únicos imputados son dos directores generales. Resulta, al menos, sospechoso", ha agregado y ha atribuido esta "actuación sectaria sin cobertura legal ni base sustancial" a que Unións Agrarias es "la principal organización con estructura agraria amplia". "Alguien pudo pensar que por esta vía nos podía tapar la boca o amedrentar y todo lo contrario", ha concluido.

Planta de clesa

En cuanto a la situación de la planta de Clesa —perteneciente al Grupo Nueva Rumasa—, que está en preconcurso de acreedores y sobre la que 23 cooperartivas han manifestado su interés, García ha pedido a la Xunta que actúe para mantener los 160 empleos que genera y "salvar" la inversión "con dinero de todos los gallegos" en las instalaciones. Para ello, le ha dado el plazo de los dos meses que aún durará el preconcurso.

En este punto, el responsable de UU.AA. ha censurado que, en su momento, se apoyase el proyecto "con mucho dinero de la Xunta, pese a no recoger leche a un solo ganadero en Galicia". En cualquier caso, ha considerado que se trata de unas instalaciones "muy importantes para el sector lácteo, de las pocas para transformado de leche" y ha apostado por aprovecharlas mediante un plan de base cooperativa.

En cuanto al contrato para la recogida de leche, que comenzará a aplicarse en abril, García ha pedido no crear "falsas expectativas" sobre que conlleve un precio adecuado para los ganaderos. "Estoy convencido que el 1 de abril va a haber en el BOE un decreto por el que la compraventa de leche es obligatorio que figure en un contrato por escrito, con duración de un año y en el que figure el precio; lo que no regula el contrato es cuál es el precio".

Así, ha pedido al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Marino y Rural y a la Xunta que intermedien entre los productores y la industria y distribución para negociar un precio, mientras no quedan constituidas las organizaciones de productores que se encargarán de este asunto.