El juez de la Audiencia de Tarragona ha condenado a 18 años de cárcel al hombre que asesino a cuchillazos y descuartizó a su mujer en Alcover (Tarragona) para después esparcir los restos en bolsas de plástico a lo largo de la AP-7, entre el peaje de El Vendrell y Parets del Vallès.

El juez sentencia de este modo la decisión tomada por unanimidad por los miembros del tribunal, que, sin embargo, lo absolvieron del delito de profanación de cadáver por considerar que si lo hizo fue solo para deshacerse del cuerpo y no para faltar al respeto de la memoria o deshonrar a la fallecida.

No ha dado credibilidad a la declaración del acusado, que aseguró que dos personas con acento ruso mataron a su mujer y le obligaron a descuartizarla.

El fiscal y las acusaciones particulares pedían 18 años y 5 meses de cárcel por asesinato y profanación de cadáveres, y ya aseguraron que recurrirán si la sentencia del juez fallaba absolviendo al asesino del delito de profanación.

Los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 2010 cuando Domingo Miguel C.P. —al que el juez había comunicado ese mismo día una condena de seis meses de prisión por malos tratos y orden de alejamiento— dicutía con su mujer, Victoryia S., bielorrusa de 36 años, antes de matarla a cuchilladas.

Según explica la sentencia, el condenado no tuvo problemas para descuartizarla ya que trabajaba como matarife y decidió esparcirlos en los márgenes de la vía esperando que o no los encontraran o la descomposición hiciera irreconocible la identidad de la víctima.

Fue el mismo Domingo Miguel C.P el que denunció la desaparición de su mujer e intentó hacer creer a la policía que se había marchado voluntariamente del país.

Diversos indicios del crimen en el domicilio de la víctima y las incongruencias durante el interrogatorio permitieron a los Mossos seguir la pista correcta, hasta que el presunto asesino —que inicialmente se había declarado inocente— se derrumbó, confesó y ayudó en la localización del cadáver.

El juez le condena por un delito de asesinato en concurrencia con un delito de quebrantamiento de condena y le obliga a pagar una indemnización para los tres hijos de la vícitma de 450.000 euros y hacerse cargo de las costas procesales.