Un informe elaborado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) advierte que "mientras haya solapamiento, que los hay en mucho temas, entra la Administración estatal y las autonómicos lo que habrá serán derroches y recursos públicos malgastados".

Así lo ha expuesto el diputado Gabriel Elorriaga, ex secretario de Estado de Organización Territorial durante los años 2000-2004, momentos antes de presentar este 'Informe Faes sobre la reforma del sector público' en una mesa redonda, junto al también diputado Jaime García-Legaz, secretario general de la dicha Fundación, en el salón de actos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), en el marco de la Cátedra de Ética, Política y Humanidades.

El documento de la Fundación, presidida por el ex presidente del Gobierno José María Aznar, redactado bajo el título de 'Por un Estado autonómico racional y viable', "no va tanto a líneas de gasto concretas, sino a las carencias y debilidades del modelo", ha explicado Elorriaga, quien ha puesto de manifiesto que España "es el país más descentralizado de Europa, pero el que tiene menos reglado el funcionamiento de ese estado tan complejo".

Y es que, ha destacado el diputado, España prácticamente "carece de normas constitucionales del funcionamiento del Estado autonómico", lo que provoca, según ha comentado, "que cuando hay que tomar decisiones de colaboración entre las distintas administraciones, cuando se debate el modelo de financiación, de endeudamiento, la discrecionalidad es la norma, cuando no la abierta arbitrariedad".

"Lo que falta son reglas claras y transparentes para que los ciudadanos puedan saber a quién le corresponde hacer cada cosa y con qué recursos cuenta", ha subrayado Elorriaga, para hacer referencia, acto seguido, al problema de la duplicidad con las CCAA.

Tras recordar que en España "durante más de 30 años llevamos construyendo un modelo autonómico que es, con mucha diferencia, el más descentralizado de Europa, de ese proceso hace falta una cierta capacidad de hacer un análisis crítico y evaluar donde se estaban duplicando servicios, convirtiendo excesos de gasto".

De ahí, ha explicado, que el informe es "una llamada de atención a ese proceso, porque después de tres décadas y una vez definidas las líneas principales de lo que llamamos Estado autonómico, hay que pararse y pensar dónde hay duplicidades, excesos de burocracia, servicios prestados de manera ineficiente".

Según ha resaltado, en España "hay un número muy importante de duplicidades entre el nivel autonómico y el local, y con todo este conjunto de responsabilidades, que en la práctica lo ejercen los ayuntamientos pero que según la ley no les correspondería, sería necesario sentarse y pensar quién las debe y puede hacer con más eficacia y delimitar con más claridad las competencias de cada uno".

Por ello, el informe, ha dicho, "es un llamamiento a clarificar las normas de funcionamiento, fijar las reglas más explícitas, transparentes y equitativas que permitan que la toma de decisiones no se convierta en un problema, sino que sea el tratamiento normal".

Algunas propuestas

Este estudio, ha proseguido García-Legaz, "es una reflexión sobre el problema que en estos momentos tiene España que, en medio de una crisis económica, tenemos un exceso de sector público y un déficit de sector privado".

De forma que su objetivo es que con cifras y un análisis "riguroso" se explique qué es lo que se puede hacer, presentando propuestas encaminadas a "reformar" la administración pública y convertirla en una administración "que haga lo que tiene que hacer y deje de hacer aquello que no debe hacer y al final, cumpla su cometido".

Entre algunas propuestas, ha hecho referencia a la concerniente al ámbito municipal, en el sentido de reflexionar "sobre si hay o no demasiados ayuntamientos en España, sobre si tiene sentido que municipios muy pequeños sigan teniendo una estructura administrativa con mucho personal para prestar servicios a muy pocos vecinos".

En opinión del secretario general de la Fundación FAES, sería más lógico "agrupar determinados servicios para que eso resultara más barato para el ciudadano y el contribuyente".

El caso de Murcia no destaca precisamente por este aspecto, ya que aunque el estudio es de ámbito nacional, ha indicado que Murcia "es una de las regiones más eficaces en la prestación de servicios públicos, dado que tiene municipios muy grandes por regla general y no es un problema que tenga, aunque sí otras regiones con centenares de ayuntamientos con muy poca población".

La importancia del informe es tal, según García-Legaz, que el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero "le ha interesado mucho, ya que a raíz de su presentación, algunos ministros han declarados que en parte, comparten las reflexiones del estudio".

"Hemos hechos reflexiones sobre la necesidad de políticas de austeridad y delimitar el déficit público por ley, siendo éste un debate que Zapatero ha puesto encima de la mesa tras la presentación de este informe", ha expuesto García-Legaz, quien no ha dudado en afirmar que su elaboración ha conseguido que tenga capacidad para "generar debate público en España".

Y es que, ha precisado, "al final estamos en Europa y generamos un problema como consecuencia del déficit tan alto y la deuda pública"; razón por la que el informe habla de "limitar el gasto y la deuda en todos los niveles de administración".

"El propio Gobierno socialista ha reconocido que hay carencias en el modelo", ha matizado García-Legaz, quien ha abogado por acuerdos entre PP y PSOE que "permitan hacer esas reformas, como ha hecho Alemania y otros países europeos".

No obstante, ha lamentado que en estos momentos el Ejecutivo de la nación "está en otras cosas y no en los grandes pactos de Estado, no siendo el modelo territorial uno de los asuntos que Zapatero haya querido manejar con el PP y eso exigirá una rectificación en toda regla del PSOE".