El Gobierno español se desmarcó en privado ante Estados Unidos y Ruanda del proceso judicial abierto en 2008 por la Audiencia Nacional contra 40 miembros de la cúpula militar tutsi por genocidio, lesa humanidad y terrorismo, delitos presuntamente cometidos en Ruanda y en la República Democrática de Congo entre 1990 y 2002 y que incluían a nueve víctimas españolas. El Ejecutivo aseguró que "no apoyaba" la causa, que ésta no tenía nada que ver con su política exterior y que algunas medidas adoptadas por el juez le parecían "inútiles".

Así se desprende de varios de los cables filtrados por Wikileaks a los que 20minutos.es ha tenido acceso a través del diario noruego Aftenposten.

Entre los nueve asesinados españoles había seis religiosos: Joaquim Vallmajo, Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Ángel Isla, Fernando de la Fuente e Isidro Uzcudun; los otros tres, Mª Flors Sirera, Manuel Madarazo y Luis Valtueña, eran miembros de la organización Médicos del Mundo. Todos ellos murieron entre 1994 y 2000, justo después de que tuviera lugar el brutal genocidio cometido por los hutus y de que los tutsis se hicieran con el poder en Ruanda. El Ejército Patriótico Ruandés / Frente Patriótico Ruandés (APR/FPR), de los tutsis, los habría matado, presuntamente, por haber sido testigos o denunciantes de sus crímenes.

Pero no sólo el Gobierno español se mostró reticente, la propia fiscalía de la Audiencia Nacional no tenía ninguna intención de "ir más allá" ni de "solicitar la extradición de los acusados", tal como aseguró una representante de ese departamento en una reunión informal con el asesor legal de la Embajada de EE UU en Madrid el 5 de mayo de 2008, justo tres meses después de que el juez Fernando Andreu dictara un auto de procesamiento (6 de febrero) de 182 páginas que implicaba, entre otras cosas, órdenes de arresto internacional contra la cúpula militar del Gobierno ruandés. Según un despacho confidencial, la fiscal llegó a afirmar que la causa fue investigada y tramitada sólo "para satisfacer a las familias".

EE UU, no obstante, sí se tomó muy en serio el proceso -que comenzó en 2005 con una querella del Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos- y presionó a las autoridades españolas para que rebajaran la tensión con Ruanda. Ni siquiera las palabras "alentadoras" de la fiscal, que sugerían, según la Embajada, que el caso podría quedar "en agua de borrajas", echaron para atrás sus intenciones. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene intereses políticos, económicos y estratégicos en Ruanda y sus Estados vecinos.

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, uno de los 40 procesados por el juez Andreu, se formó en el Reino Unido y Estados Unidos, país este último en el que recibió entrenamiento militar (en Fort Leavenworth, Kansas) y del que es considerado aliado. Por otro lado, la región de los Grandes Lagos de África sufre desde 1996 una explotación ilegal de sus recursos naturales, tal y como ha denunciado Naciones Unidas en varios informes, en la que entran en juego el oro, los diamantes y el coltán -mineral con el que se fabrican teléfonos móviles-, que se terminan exportando -gran parte desde Ruanda- a varios países de occidente, entre ellos, Estados Unidos.

El Gobierno español "no apoyaba" las acusaciones y consideraba que había otras vías a través de las que actuar, como el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). Estados Unidos, por su parte, estaba preocupado -según otro cable- por la rapidez con la que Interpol tramitaría las órdenes de detención internacional y por si se pediría la extradición de aquellos procesados con aparente estatus diplomático, como Rugumya Gacinya, agregado militar en la Embajada de Ruanda en Washington, o Kayumba Nyamwasa, embajador de Ruanda en India. El único que no podía -ni puede a día de hoy- ser detenido o reclamado es el presidente Kagame, que tiene inmunidad.

Otros cinco procesados participaban en esos momentos en misiones de la ONU, sobre todo en Darfur (Sudán). Entre ellos, el general Karenzi Karake, comandante adjunto del contingente UNAMID Force, cuyo nombramiento causó una gran polémica; su mandato, a pesar de las protestas, se alargó hasta 2009 y fue utilizado por el presidente Kagame en varias ocasiones para amenazar a la comunidad internacional: si el general -o alguno de los destinados a Sudán- era apartado de su puesto, Ruanda retiraría a sus soldados y dejaría de colaborar con la ONU, en cuyo Consejo de Seguridad está Estados Unidos como miembro permanente.

Interpol sugirió a EE UU que si España pedía el envío de "notificaciones rojas" -de alto nivel- para los procesados, Ruanda podría negarse alegando motivos políticos. Es más, el agregado legal de la Embajada estadounidense especifica en el cable que Interpol podría tener también "cierto derecho de tanteo" sobre si enviaba las notificaciones o no. Lo que hizo, exactamente, en 2010 cuando se negó a incluir en su lista de reclamados por 188 países a los tres militares de EE UU que dispararon el proyectil que mató al cámara José Couso en Irak en 2003. Por si acaso, la Embajada en Madrid desaconsejó que cualquiera de los acusados por el juez Andreu viajara a EE UU y pidió "precaución" a su Gobierno.

En mayo de 2008, Estados Unidos decidió presionar de una forma más activa. El embajador estadounidense de la Oficina de crímenes de guerra, Clint Williamson, viajó a Madrid y pidió expresamente que Moratinos llamara a su homóloga ruandesa, Rosemary Museminali, y le repitiera que la postura del Ejecutivo español era "diferente" a la de los jueces. EE UU, por su parte, contactaría con los embajadores de Alemania y Reino Unido en Madrid para que ayudaran a "motivar" al Gobierno y planeó un encuentro en Nueva York entre el fiscal general ruandés y el representante permanente de España en la ONU.

No hay más cables desde Madrid -los documentos de Wikileaks abarcan hasta febrero de 2010- sobre este asunto. Aunque sí hubo novedades posteriores, ya que a pesar de las presiones y las reticencias de la fiscalía, el proceso sigue abierto en la Audiencia Nacional: quedan testigos por declarar, la investigación sigue su curso y hay varias comisiones rogatorias en marcha. Hay que destacar también que los contactos entre los Gobiernos español y ruandés han continuado y que el fiscal responsable del caso no siempre ha sido el mismo: