La Policía Nacional ha detenido a nueve personas, entre ellas el director de una oficina del Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia, por robar datos personales protegidos de los demandantes de empleo que se vendían después por unos 20 euros cada uno, a entidades financieras y otras empresas.

Según ha informado la Policía, entre los arrestados se encuentran también dos detectives privados de Madrid y otras seis personas relacionadas con agencias de "información comercial" asentadas en Madrid, la Comunidad Valenciana y Galicia, pero con ramificaciones en otras regiones.

La red estaba liderada por una persona de Alicante que se atribuía la condición de "detective privado" o de "perito judicial de investigación" y que había sobornado al director de una Oficina de Empleo murciana para que le facilitase datos protegidos de los parados.

Entre los datos obtenidos ilegalmente, figuran domicilios, teléfonos, DNI, bienes, grupo de cotización, subsidios, pensiones y la situación laboral o categoría profesional de los demandantes de empleo.

Posteriormente, el supuesto detective privado vendía esta información confidencial a través de diversos intermediarios a entidades bancarias y financieras, despachos de detectives o cualquier otra empresa interesada en los mismos.

En el último trimestre de 2010, los arrestados comercializaron más de 1.000 informes con datos protegidos sobre personas físicas repartidas por todo el territorio nacional, aunque sus expectativas eran las de suministrar un mínimo de 2.000 informes mensuales durante un periodo de cinco años.

El coste de cada uno de los informes personales oscilaba entre los 10 y 20 euros que se pagaban "en mano", normalmente cada quince días, o a través de empresas de mensajería, evitando cualquier otro sistema tradicional o la emisión de facturas, para evitar dejar pruebas.

La red adoptaba importantes medidas de seguridad para intercambiar los informes, con la creación de cuentas de correo electrónico e intercambio de claves entre los miembros de la organización, en la que existía una clara distribución de tareas y una voluntad de permanencia en el tiempo.

Los investigadores han registrado cinco domicilios y varios despachos profesionales en donde han intervenido abundante documentación y material informático, además de dinero en efectivo, que está siendo analizado.

En total han sido detenidas nueve personas en Valencia, Alicante, Murcia, La Coruña, Vigo y Madrid, acusadas de los delitos de cohecho, revelación de secretos y asociación ilícita.

Cinco de los detenidos han ingresado en prisión por orden judicial y el resto está sometido a medidas cautelares.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y han contado con la colaboración de las Unidades Territoriales y la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la Policía Nacional.