El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, ha anunciado este lunes que ha iniciado un examen preliminar sobre presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Libia.

El fiscal adelantó en una rueda de prensa que esperaba decidir "esta semana" si abre una investigación formal, lo que pondría al líder libio, Muamar Gadafi, en el punto de mira del organismo judicial de la ONU.

La fiscalía está reuniendo información preliminar para "estar lo más preparado posible" cuando el Consejo de Seguridad de la ONU le envíe documentación sobre el caso.

Ocampo ha aclarado que una investigación de la CPI deberá probar que se cometieron crímenes de forma "sistemática e indiscriminada" contra la población civil, así como la gravedad de los mismos y que no hayan sido juzgados por autoridades locales, como estipulan los Estatutos de la Corte.

También deberán discernir "quiénes son los máximos responsables" de los presuntos crímenes supuestamente cometidos en las últimas semanas en Libia.

En esta fase preliminar, la fiscalía está en contacto con organismos como la Unión Africana e intenta entre otras cosas conseguir información sobre la estructura militar en Libia.

"Tenemos que entender cómo funciona el Ejército en Libia, pero no hemos empezado a tomar testimonios, porque todavía no hemos abierto una investigación", declaró el jurista argentino.

Ocampo puntualizó que "todo el mundo en Libia" puede ser investigado, a la vez que hizo un llamamiento a que "se ponga fin" a la violencia.

El fiscal resaltó que ha sido "increíble" que la resolución de la ONU se haya tomado por unanimidad, lo cual a su entender es un reflejo de que "el mundo tiene la voluntad de poner fin a los crímenes".

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado fin de semana una resolución que incluye sanciones económicas contra el régimen libio y su líder, Gadafi, y denuncia la represión contra la población civil, considerándola como un posible crimen de lesa humanidad susceptibles de ser juzgado en la CPI, con sede en La Haya.

El Consejo de Seguridad también exigió de nuevo que se ponga fin de inmediato a los ataques contra civiles "incitados desde el más alto nivel del Gobierno libio". La ONU estima que más de 1.000 personas han sido asesinadas en los disturbios.